A la Comisión de Desarrollo Territorial Sustentable fue turnada la iniciativa que plantea adicionar y reformar diversos artículos a la Ley del Registro Público de la Propiedad y del Catastro para el Estado y Municipios de San Luis Potosí y a la Ley del Notariado para el Estado de San Luis Potosí.  El propósito consiste en posibilitar que el Registro Público de la Propiedad y los Notarios puedan realizar actividades durante lo que dure un estado de emergencia o imposibilidad de prestar servicios presenciales, y también de forma ordinaria, mediante la implementación de un sistema digital.  En la exposición de motivos se explica que son de gran importancia de los servicios de Registro Público de la Propiedad y de los servicios notariales; por ejemplo, en combinación, ambos forman el marco legal que da validez a los actos inmobiliarios, con todos los requisitos jurídicos que cada acto legal implica.  El cese de funciones a causa del COVID-19, afecta tanto a la vida civil como a la económica, ya que están suspendidas todas las funciones inmobiliarias, así como las acciones entre particulares. Por esos motivos, se promueve esta iniciativa, cuyo fin es habilitar la reanudación de funciones, dentro de las posibilidades prácticas, mediante la implementación de trámites digitales a distancia.  Por ello, la materia de la reforma propuesta es, establecer un sistema informático diseñado para uso público, por el cual se realicen procesos del Registro Público a distancia, denominado Sistema Digital, que será utilizado para la prestación de sus servicios a la ciudadanía, tanto en situaciones en las que no se pueda prestar los servicios de manera presencial, como en este caso, así como de forma ordinaria.  Para su óptimo funcionamiento, las autoridades estatales promoverán y realizarán acciones de capacitación, actualización, y profesionalización de su personal. Se contempla también que los trámites realizados por medios digitales, no exceptúen la necesidad de gestiones presenciales en todos los casos; esto es por fines prácticos que dependan de cada gestión específica y sus requisitos al interior del Registro, sin embargo, durante una emergencia resultaría posible adelantar diferentes etapas.  Se propone que los trámites realizados por este medio, gocen de plena validez legal, mientras sean llevados en observancia de la normatividad aplicable; para eso, los servidores públicos del Registro podrán utilizar su firma digital en cualquier documento emitido en el cumplimiento de sus funciones.  También, para su óptimo funcionamiento, se deberán reconocer certificados y documentos digitales expedidos en conformidad con las leyes aplicables.  La iniciativa fue enviada a la Comisión de Desarrollo Territorial Sustentable para su análisis y posteriormente ser enviada al Pleno del Congreso del Estado para su votación.