Históricamente, la premura en las decisiones educativas en nuestro país, ha dado evidencia de la poca efectividad en el impacto en el aprendizaje de quienes, en teoría, necesitan claridad en su tránsito por el sistema educativo: las niñas, niños y jóvenes.

Hoy, esto se vuelve – nuevamente – evidente con las “prisas” que el gobierno federal y su bancada en ambas cámaras están impulsando con la bandera de compromiso político que han usado para navegar en la turbulencia partidista y sindical de la que han sido objeto.

En plena construcción de las leyes secundarias a través del “parlamento abierto” en el Congreso de la Unión, así como en varios frentes en los congresos locales y de instituciones de educación superior, maestros, familias, autoridades educativas, activistas, sindicatos y normalistas han encontrado la oportunidad para expresar sus propuestas para enriquecer la posibilidad de hacer realidad lo plasmado en nuestra constitución referente a la educación pública. ro constitucional. Sin embargo, estos espacios han quedado a deber y prueba de ello es ver en blanco y negro lo que están proponiendo nuestros representantes parlamentarios.

Al analizar la redacción de los documentos de trabajo en la comisión de educación de la permanente en el Congreso de la Unión, encontramos mas dudas que certezas. En relación a la Ley General de Educación (LGE) observamos una contradicción sobre lo versado en la Constitución. En ella, se explicita la obligatoriedad de la educación inicial por el Estado con lapsos específicos de cumplimiento. Sin embargo en la LGE solo se menciona que éste solo supervisará que esto se cumpla en cada entidad federativa. Entonces, ¿quién será responsable directo? Y aún más importante, ¿quién garantizará la suficiencia presupuestal para la estrategia de desarrollo integral de primera infancia? ¿Los estados están preparados para soportar este impacto presupuestal? Me parece que no.

De acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados, tras realizar un estudio de impacto presupuestario, estima que la implementación de “esta” reforma educativa costará alrededor de 103 mil millones de pesos al año. Esto sin incluir la estrategia de cobertura relacionada con primera infancia. Si no tenemos claridad en este componente central para hacer realidad lo plasmado en la constitución, daremos al traste en la operación de todo programa o estrategia.

Otro tema de vital importancia, es la selección y promoción en el sistema magisterial a las y los maestros egresados de las Instituciones Formadores de Docentes. Si recordamos la discusión en el primer trimestre del año referente a la ventana de oportunidad que negociaron (bajo presión obviamente) una de las facciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, se enfocó en la posibilidad de controlar el ingreso, promoción y reconocimiento de las y los profesores. Hoy, bajo la redacción de las leyes secundarias, es posible observar con mayor definición esta posibilidad. Regresar a una dimensión ya conocida – y operada discrecionalmente – en las cúpulas sindicales se divisa en el horizonte inmediato: “Las autoridades educativas de los estados y las representaciones sindicales podrán realizar observaciones, las cuales serán tomadas en cuenta por la Secretaría” ¿En qué casos aplica este criterio? ¿Cuál será el mecanismo que utilizarán para dar a conocer estas observaciones y bajo qué orden jurídico? Sería ingenuo no mencionar a las famosas comisiones mixtas de escalafón de antaño. Un mecanismo que al paso de los años se convirtieron en esquemas privilegiados para los que entraban al “aro” político-sindical, dejando a un lado la objetividad y el mérito de muchos profesores limitando su desarrollo profesional.

Otro de los puntos que observamos con detenimiento es la contradicción al principio de equidad que debe regular el acceso al sistema educativo. La fracción VI, del artículo 49 del mencionado documento, señala que “…se de prioridad a los egresados de las Escuelas Normales públicas y de la Universidad Pedagógica Nacional” ¿Cómo se puede haber equidad en un proceso que ya es inequitativo de origen? ¿O existen niveles de equidad? Ciertamente estas instituciones han sido creadas para una función social en específico como la de formar docentes, pero estamos cayendo – otra vez – en una obviedad. Históricamente, considerar las suposiciones nos ha traído grandes consecuencias. No podemos seguir anteponiendo disyuntivas sociales por encima de la evidencia y la búsqueda y atracción de mejores candidatos a la docencia, consideremos un proceso justo que beneficie a los estudiantes y la sociedad donde el linaje institucional este por debajo de su ética y capacidad profesional.

Como podemos advertir, la redacción de estas leyes son elementos clave para arrancar con certeza un proyecto de transformación educativa. Sin embargo, desde la Sociedad Civil, volvemos a levantar la voz para señalar que si el propósito del gobierno federal solo es abrir espacios para la simulación de una democracia participativa y legitimar que escucha al pueblo, no es suficiente. A esto le añadimos la pregunta de cada sexenio ¿cuál es la prisa? Sería mas factible ampliar el término y el nivel de la discusión para redactar las leyes con un reconocimiento tácito a amplios sectores sociales.

Las leyes secundarias, es el segundo raund en la batalla de las ideas. Tomar decisiones de manera apresurada con el único argumento con base a un compromiso político no nos asegura nada en los siguientes años. Por ello, en Sembrando Horizontes estamos convencidos de que la educación es el proyecto social más importante y como tal, debemos apropiarnos del mismo. Si no lo hacemos, estaremos condenando a nuestras generaciones a ser – otra vez – rehenes del sistema, donde el beneficio solo será de unos cuantos.

Salto de Página.

Hija, invito a la vida para abrazarte en tu cumpleaños. Un gran privilegio que me impulsa a promover tu causa, nuestra causa, la de todos: El derecho a aprender.

  - - - - - * Director General de Sembrando Horizontes A.C.

Twitter: @FhernandOziel Facebook: Fhercho Cruz Sembrando Horizontes A.C. (2018) Es una organización de la sociedad civil que promueve y defiende el derecho a aprender de niñas, niños y jóvenes en el estado de San Luis Potosí a través de investigación aplicada, activación ciudadana y el impulso de proyectos educativos innovadores.

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