Los Gobiernos de Guerrero, Michoacán, Puebla y Guanajuato resbalaron su responsabilidad en la crisis de violencia en el País.  El Gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, dijo que el incremento de la violencia obedece a la impunidad que se genera al no dictar prisión preventiva a delincuentes que incurren en delitos como portación de armas exclusivas del Ejército o robo de combustible. "La impunidad es algo que nos ha hecho daño a nivel nacional, lo estamos viendo a nivel País", señaló el Mandatario, integrante de la Comisión de Seguridad y Justicia de la Conago. El guanajuatense urgió a legisladores federales a concretar un periodo extraordinario para reformar el artículo 19 constitucional y establecer la prisión preventiva por esos delitos considerados del orden federal. "Eso es un asunto que ha estado en la mesa durante los últimos dos años y la semana pasada se habló de entrarle a este periodo, pero yo no veo manifestaciones al respecto y eso nos ha generado mucha impunidad", insistió. Planteó que en Guanajuato más del 70 por ciento de los homicidios se relaciona con el robo de combustible. El Gobierno de Guerrero, a través del vocero del Grupo de Coordinación de Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, indicó que la violencia no se puede desvincular del creciente consumo de drogas en Estados Unidos. "Por un lado, con el aumento inusitado de la demanda de droga en Estados Unidos, y que se busca satisfacer con los grupos delictivos a través de la siembra de amapola, trasiego de drogas; y por otro lado, el flujo incesante de armas de fuego, que en su mayoría proviene de Estados Unidos, en donde al parecer existe una ausencia de controles en el Gobierno de EU que favorece este flujo de armas a México", dijo Álvarez Heredia a REFORMA. En este círculo, el portavoz de seguridad de Guerrero añadió la ausencia de autoridad de las Policías municipales. En tanto, el Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, opinó que una de las causas del incremento de homicidios es que el Estado ahora enfrenta a los grupos criminales, a diferencia de otros tiempos donde era omiso o cómplice de ellos. Aureoles, desde la Comisión de Seguridad y Justicia de la Conago, va a impulsar -entre otros temas- promover reformas al Código Penal con el fin de endurecer las penas en delitos como el robo de vehículos y la portación de armas de fuego. "El marco legal actual es muy laxo, muy flexible, y permite que los delincuentes salgan libres casi de inmediato. Y eso no ayuda porque entonces se genera una percepción de impunidad que nos lastima y nos daña como sociedad", advirtió. Mientras que en Puebla, el Secretario de Gobierno, Diódoro Carrasco, coincidió con que la crisis de seguridad es consecuencia del consumo y distribución de estupefacientes y del ingreso de armas de EU a México. También expuso que el nuevo sistema de justicia penal no contempla como delitos graves el robo de combustible, la portación de armas, lo cual implica que los criminales salgan inmediatamente de la cárcel y se genere más violencia.

Advierten fracaso de plan anticrimen México enfrenta una crisis de criminalidad y violencia que se nutrió de nuevos fenómenos delictivos y no ha encontrado respuestas institucionales. Así lo advierte el diagnóstico titulado "Léase si quiere gobernar (en serio)", elaborado por las organizaciones México Evalúa y Cidac. "A unos cuantos meses de finalizar, la Administración encabezada por Enrique Peña Nieto no deja un balance positivo en la contención, la reducción y la prevención de la criminalidad. "Pese a que había tomado como bandera la pacificación del País y modificado, al menos discursivamente, la estrategia contra la inseguridad al enfocarla en la prevención", indica. La Secretaría de Gobernación reconoció el martes que en 2017 hubo un crecimiento "inusitado" en los índices delictivos de alto impacto en diversas regiones del País. El 2017 cerró con 24 mil 899 homicidios dolosos, la cifra más alta de los últimos 20 años, incluso mayor a la registrada en 2011, en el auge de la guerra contra el narco declarada por Felipe Calderón. El documento también alerta sobre el incremento de las violaciones a derechos humanos, las desapariciones, fosas clandestinas, feminicidios y el delito de trata de personas. "Lo que saturó y, en algunos casos, sobrepasó las capacidades de reacción del Gobierno", advierte. La respuesta al problema de criminalidad ha estado dominada por estrategias de reacción ante la falta de una política criminal integral, critica. "Las acciones del Gobierno (actual) mostraron rápidamente que el cambio era cosmético. Persistió la militarización de la seguridad pública y se fortaleció con la aprobación de la Ley de Seguridad Interior. "No obstante, los resultados de la militarización han sido preocupantes. Durante el sexenio se registraron índices históricos de incidencia criminal", enfatiza. Para México Evalúa y Cidac, la próxima Administración federal necesita cambiar de paradigma y dejar de pensar en "balas y policías" para dar paso a una política criminal integral. -- Reforma