Las tomas clandestinas para el robo de gas LP siguen aumentando de manera acelerada, pues tan sólo en 2020 dejó pérdidas por más de 30 mil 168 millones de pesos, 128% más que el año pasado, lo cual demuestra que la delincuencia organizada ya se adueñó de una parte importante del mercado. Contrario a lo que se ha logrado con la reducción de las perforaciones ilegales para el robo de gasolinas y diesel, en el caso del gas LP siguen aumentando, pues éstas pasaron de 13 mil 136 a 23 mil 323, es decir, 77.6% más, lo cual pone en riesgo no sólo la infraestructura de Petróleos Mexicanos (Pemex), sino también la seguridad de las comunidades cercanas. La Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas (Amexgas) aseguró que “se han formado agrupaciones y seudosindicatos que pretenden mediante acciones violentas controlar las zonas de reparto”. Las tomas clandestinas y las pérdidas económicas por el robo de ese combustible son las más altas de la historia, provocando una afectación directa, no sólo a la petrolera, sino también al Estado por una menor captación fiscal, además de generar una distorsión del mercado que será difícil de revertir. La Amexgas detalló que, en 2019, el robo por mes fue de 58 mil toneladas, equivalente a un valor de mercado de 13 mil 224 millones de pesos durante todo el año. Sin embargo, en 2020, el hurto fue de un promedio de 102 mil 950 toneladas mensuales, lo que provocó una pérdida de 30 mil 168 millones de pesos al año, lo cual significó un aumento de 128% o 16 mil 944 millones de pesos que fueron directamente a los bolsillos de la delincuencia organizada. “Este incremento tan fuerte se explica por el desafortunado crecimiento del 77% del número de tomas clandestinas del 2020 y por el incremento de los precios internacionales de los energéticos este año.” Actualmente, este delito se concentra en diez estados, como son Puebla, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Veracruz, Querétaro, Guanajuato, Jalisco, Tabasco y Chiapas, siendo estas las áreas de mayor conflicto no sólo por su cercanía con los ductos de Pemex, sino también por ser la zona con más demanda. Por ello, consideró necesario aplicar medidas más efectivas, de inteligencia y operativos de seguridad que permitan restablecer el estado de derecho y brindarle a la sociedad un entorno de estabilidad y seguridad.    Durante las últimas dos décadas este delito ha crecido de manera paulatina, pues entre 2012 y 2018, las tomas clandestinas del ducto principal de Pemex se incrementaron 750%, acumulando 41 mil 316 tomas a lo largo del sexenio. Sin embargo, en los últimos tres años, las perforaciones sumaron 49 mil 40, lo que representa el 59% de todas las tomas acumuladas en los últimos 20 años. Esta situación provocó que el año pasado uno de los principales ductos de la empresa, por donde se transporta el gas permaneciera fuera de operación 140 días, lo que implicó mayores costos de mantenimiento, el riesgo y el impacto en generar posibles desabastos para la población. A la afectación económica que está generando a Pemex, al estado y a los distribuidores, también se suma “el daño que ocasiona la distribución ilícita a la sociedad, lo cual está causando un impacto aún mayor al provocar inseguridad para la población, riesgo de accidentes, amenazas, extorsión, lesiones, control de rutas, al igual que tratan de eliminar la libre competencia al pretender fijar precios altos para el consumidor en rutas “protegidas”, la falta de certeza jurídica, desinversión en infraestructura indispensable para garantizar el abasto en el mediano y largo plazo.” Según la Comisión Reguladora de Energía (CRE) en México casi el 80% de la población utiliza el gas LP como energético principal. --

Con información de Excélsior / NAYELI GONZÁLEZ