La Policía Investigadora de la Procuraduría de Hidalgo está en la mira de las autoridades federales por su presunta protección a un grupo criminal de huachicoleros que opera en el estado, revelaron mandos del Ejército. Comandantes ministeriales y hasta un subprocurador son los principales señalados en las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), que se nutren con información militar, de la Policía Federal y testimonios de detenidos. Los huachicoleros tienen una red de piperos, bodegueros para acopiar combustible, franquiciantes y puntos de venta en todo el estado que, hasta enero, ocupaba el primer lugar en tomas clandestinas, incluyendo la que explotó en Tlahuelilpan y por la cual murieron 130 personas. En esa red, sus principales compradores son grúas, camiones de las centrales de abasto, flotas de transporte público de carga y hasta de reparto de mercancías, de acuerdo con los mandos de la 18 Zona Militar, con sede en Pachuca. Además, una parte de los recursos ilícitos obtenidos por el robo de combustible a Pemex se entrega a los comandantes de la Policía Investigadora como soborno por su omisión, según se indicó. Los pagos llegan directo a un alto jefe de la Policía Investigadora, quien a su vez da parte del dinero a sus mandos e incluso a un subprocurador, según la indagatoria. Actualmente, la Procuraduría está a cargo de Raúl Arroyo, quien tiene tres subprocuradores: Porfirio Gutiérrez, de Procedimientos Penales Región Oriente; Julio César Trujillo, de Procedimientos Penales Región Poniente, así como Mario Rico Moreno, de Derechos Humanos y Servicios a la Comunidad. Conforme el directorio, Marco Antonio García Cornejo es director de la Policía Investigadora; Arturo Cruz Rosales, Primer Comandante de la Dirección General de la Policía de Investigación, y Julio César González Baños, Fiscal Anticorrupción.  La investigación detectó incluso que, una vez recibida la ganancia del combustible robado, los funcionarios de la Procuraduría de Hidalgo y los huachicoleros la invierten en la compra de terrenos para construir casas y venderlas. Asimismo, adquieren lotes de autos para ofrecerlos a precios módicos y lavar el dinero ilícito. Diversos funcionarios de la Procuraduría de Hidalgo poseen empresas ligadas a la construcción, principalmente operadas por familiares y testaferros, según esas pesquisas. Fuentes federales indicaron que la dependencia hidalguense, con 400 ministeriales y 200 peritos, no ha registrado cambios en su estructura, lo que permite la continuidad del "modus operandi". En julio de 2018 asumió la titularidad de la dependencia Raúl Arroyo, pero el resto de sus integrantes fueron ratificados. Además, al cierre de 2018 el Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó que la Procuraduría estatal tenía reprobado a uno de cada cuatro de sus policías ministeriales. -- Reforma