El Congreso del Estado informó que las contrataciones y pagos que se realizaron a proveedores de Gestoría Institucional, suspendidos desde enero de 2018, cubren los requerimientos que marca la ley para garantizar la legalidad y transparencia en el manejo de los recursos públicos.

Se puntualizó que cada uno de los proveedores -ya sean personas físicas o morales- se sujetan a los procedimientos que marca el Código Fiscal de la Federación, y se encuentran debidamente dadas de alta ante las autoridades hacendarias, la verificación del domicilio es responsabilidad del Sistema de Administración Tributaria (SAT). Los expedientes de proveedores con los que cuenta el Congreso del Estado, se integran con el acta constitutiva de cada empresa que contiene domicilio fiscal, objeto social correspondiente y los poderes, todo ello certificado ante notario público. En torno, a la denuncia ciudadana sobre la contratación de una empresa boletinada en “la lista negra” de la SHCP, se establece que, la relación con la empresa concluyó en marzo de 2017, con fecha anterior a la que las autoridades hacendarias publicaron la información en el Diario Oficial.  Adicionalmente, para garantizar la transparencia y legalidad en el manejo de los recursos públicos del Poder Legislativo, se ha establecido a partir de esta legislatura como requisito, que cada uno de los cheques que se expiden como pago a proveedores, es nominativo y con abono a cuenta del beneficiario.