A raíz de la implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, las cárceles de San Luis Potosí han reducido de manera importante su población, sin embargo, también se ha percibido un repunte en delitos del fuero común, principalmente en lo que refiere a robos y delitos patrimoniales, por lo que empresarios potosinos han alzado la voz y piden acciones para que los delincuentes no salgan de la cárcel tan fácilmente, como actualmente está ocurriendo.

DELINCUENTES YA NO VAN A LA CÁRCEL El nuevo sistema de justicia penal entró en vigor de manera parcial en San Luis Potosí desde el 30 de septiembre de 2014 y de manera total el 10 de junio de 2016. Al cierre de 2013, un año antes de que entrara en vigor esta reforma, las cárceles potosinas tenían a 4 mil 570 reos y para el cierre de 2014, cuando ya se había comenzado a implementar esta reforma, la cantidad era ya de 3 mil 549 internos, lo que significó una reducción del 22 por ciento en tan solo un año, esto de acuerdo a cifras de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE). En los años consecutivos siguió habiendo reducciones, hasta llegar a los 2 mil 369 reos en que cerró el 2017, lo que significa una disminución del 33.3 por ciento, con respecto al 2014, año en que se comenzó a implementar la reforma. En un periodo de 3 años, comprendido entre inicios de 2015 y finales de 2017, se estima que 7 mil 480 personas que estaban recluidas obtuvieron su libertad. Los ingresos a cárceles potosinas también se redujeron de manera importante gracias al nuevo sistema de justicia penal. Entre 2012 y 2014 ingresaban en promedio 4 mil 352 reos al año a cárceles del estado, para 2015 esa cifra se redujo a 3 mil 096 ingresos y para 2016 la caída fue aún mayor, ya que ese año solo ingresaron 1 mil 915 personas, mientras que para 2017 solo hubieron 1 mil 319 ingresos, es decir que hubo una reducción del 68 por ciento en los ingresos de 2014 a 2017. El presidente de la Asociación Vive tu Centro, José Luis Chalita Manzur, explicó que con el nuevo sistema de justicia penal, las personas imputadas de un delito ya no son “presuntos culpables”, sino “presuntos inocentes”, por lo que la prisión preventiva solo se aplica para unos cuantos delitos considerados de alta gravedad, lo cual a su vez ocasiona que personas que cometen un robo, sean detenidos y el mismo día sean puestos en libertad sin necesidad de tener que pagar una fianza. Esta situación, comenta Chalita Manzur, ha provocado que los delincuentes incluso se burlen de los policías que los detienen y, dado que no hay una sanción mayor, vuelvan a las calles a delinquir, lo cual ha provocado un incremento en la delincuencia en puntos de la ciudad como el Centro Histórico, por lo que pidió al Congreso de la Unión hacer una revisión exhaustiva de la Reforma Penal para que estas personas sean acreedoras a sanciones pecuniarias más elevadas, que se les ponga a realizar servicio social, como barrer calles y sean vigilados en sus domicilios para garantizar que no vuelvan a delinquir. DELITOS SE DUPLICARON Datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) arrojan que desde 2015, año en que ya se estaba implementando el nuevo sistema de justicia en San Luis Potosí, se ha visto un repunte importante en la incidencia delictiva. Los años 2013 y 2014 habían registrado una disminución en la incidencia delictiva, sin embargo para 2015 el repunte de delitos fue del 22.4 por ciento y el 2017 cerró con 35 mil 179 delitos, cifra que duplica los 17 mil 499 delitos que se registraron en el 2014. Uno de los delitos que más subió en 2015 fue la extorsión, que tuvo un repunte del 66 por ciento, con respecto al 2014, mientras que el delito de robo sufrió un incremento del 156 por ciento entre de 2014 y 2017, pese a que en 2013 este delito se había disminuido en un 50 por ciento y en 2014 había crecido apenas un 5 por ciento. Los delitos patrimoniales, por su parte, en 2013 y 2014 también se habían disminuido en un 23 y un 40 por ciento respectivamente y entre 2015 y 2017 registraron un repunte del 88 por ciento. Alberto Narváez Arochi, presidente de la Asociación Nuestro Centro, dijo que para evitar que las personas vuelvan a delinquir tras ser liberadas, se debe legislar para que los reincidentes ya no salgan tan fácilmente de la cárcel, además de que se debe combatir la corrupción, ya que algunos de los detenidos logran su libertad, ya que tienen acuerdos “por debajo del agua” con policías ministeriales o funcionarios con los que tienen alguna relación. El empresario también consideró que se debe capacitar mejor a los Ministerios Públicos, a fin de que las carpetas de investigación estén bien integradas, debido a que, ante la falta de elementos de prueba, muchas veces también se les otorga la libertad a los delincuentes. Hace unos días, el ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, señaló que la liberación de presos, a causa del nuevo sistema de justicia penal, ha impactado negativamente la seguridad en la capital del país y a nivel nacional, lo que generó reacciones de expertos que señalan que el problema no es el nuevo sistema, sino las fallas que están existiendo en su implementación.