CIUDAD DE MÉXICO. Luego del operativo fallido en Culiacán, familias de militares que viven en las unidades habitacionales de las Fuerzas Armadas serán reubicadas o tendrán mayor protección. El jueves 17 de octubre, un comando armado del Cártel del Pacífico amagó con quemar a las familias que habitan la Unidad Habitacional Militar de Culiacán si las autoridades no le entregaban a Ovidio Guzmán. Ante esta vulnerabilidad, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) inició acciones para salvaguardar la integridad de las familias de los efectivos. Una de ellas es el reforzamiento de la seguridad y vigilancia de las unidades habitacionales y las sedes de las Regiones y Zonas Militares. Otra es la eventual o definitiva reubicación de las familias de militares, ya sea a casas rentadas fuera de las instalaciones militares o a nuevas instalaciones militares. Refuerzan seguridad para las familias del Ejército

La situación de peligro en que estuvo la unidad habitacional militar en Culiacán, durante el operativo fallido para atrapar a Ovidio Guzmán, alertó sobre la vulnerabilidad que tienen las instalaciones de la Sedena La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) inició distintas acciones para salvaguardar la integridad de las familias de los efectivos militares que residan en las unidades habitacionales denominadas UU. HH. MM., propiedad del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM), en las XII Regiones Militares y las 46 Zonas Militares del país. En Palacio Nacional, un alto mando castrense delineó las acciones a seguir después de la operación fallida para capturar a Ovidio Guzmán López, en Culiacán, Sinaloa, el jueves 17 de octubre y donde los criminales tomaron por asalto una unidad habitacional militar y amenazaron con hacerla volar haciendo estallar dos pipas de gasolina. Una de las acciones que se pusieron en operación es el reforzamiento de la seguridad y vigilancia de las unidades habitacionales y las sedes de las Regiones y Zonas Militares, consideradas, por reglamento militar, como “instalaciones estratégicas”. Para esto se están concentrando a efectivos de la Policía Militar, en lugar de elementos de corporaciones policiacas. Otra de las medidas es la eventual o definitiva reubicación de las familias de militares, ya sea a casas rentadas fuera de las instalaciones militares, a nuevas instalaciones militares o a las mismas instalaciones de las respectivas Regiones y Zonas Militares.

Para aprovechar la eventual desocupación de las unidades habitacionales militares, que muchas de ellas datan de los años setenta, se planea que esas instalaciones sean ocupadas en el futuro cercano, como cuarteles de la Guardia Nacional y así legalmente mantener su condición de instalaciones estratégicas. Estas acciones se empezaron a operar, sí, como consecuencia de la vulnerabilidad que presentó la Unidad Habitacional Militar de Culiacán Sinaloa, el pasado jueves 17 de octubre, tras el ataque de un grupo de pistoleros del cártel del Pacífico, ejercida como presión para liberar a Ovidio Guzmán López, hijo de El Chapo Guzmán. También porque el mando castrense descubrió, tanto en la unidad habitacional de Culiacán, como en otras, que ha habido acciones de personas ajenas al Ejército que han tratado de sobornar a los elementos policiacos que cuidan las instalaciones para tener una lista de las familias que viven en las instalaciones militares. De acuerdo con testimonios de soldados que junto con sus familias habitan la unidad de Culiacán, el hostigamiento de los pistoleros del hijo de El Chapo Guzmán estuvo a punto de causar una tragedia. Dentro de la Unidad Habitacional, ubicada en la carretera a Mazatlán, había dos pipas de gasolina y los pistoleros, que sacaron de sus viviendas a los familiares de los militares a gritos y con balazos al aire, amenazaron con quemarlos haciendo estallar los tanques de combustible propiedad del Ejército.

Amparo Las acciones que ya han empezado a operar en algunas unidades habitacionales militares están amparadas en la declaración que hizo el presidente López obrador, sobre la integridad de las familias de los militares. “Se decidió proteger la vida de las personas y yo estuve de acuerdo con eso, porque no se trata de masacres, eso ya se terminó. No puede valer más la captura de un delincuente que las vidas de las personas. Ellos tomaron esa decisión y yo la respaldé”, dijo el mandatario en su conferencia matutina del 18 de octubre. En los primeros tres días después de los hechos del jueves 17, 60 familias de militares abandonaron esa unidad habitacional de 16 edificios, sin ningún tipo de ayuda oficial. Las familias que no son originarias de Sinaloa fueron reubicadas en las instalaciones militares de Mazatlán, donde tiene sede la III Región Militar. Los soldados y sus familias que resultaron afectados por el ataque de los narcotraficantes, del jueves 17 de octubre, recibieron atención sicológica (igual que las que se dan a quienes regresan de combate), tres días de permiso para tranquilizarse de la crisis, tomar una decisión de qué hacer, y a partir del pago de su próximo salario, una compensación para pagar la renta en alguna casa en otra parte de Culiacán y ayuda para el pago de la mudanza. Hay reportes que varios soldados conocieron el pánico que vivieron sus familias ese jueves 17, que pidieron su baja del Ejército. Hay inquietud por lo que sucedió, pero más porque saben que un hecho similar puede volver a suceder y saben que no podrán estar cerca de su familia. Sin embargo la Sedena no tiene dinero para pagar las liquidaciones, por lo que están congeladas, porque los soldados que quieren dejar las armas no quieren desertar y se volvieron a integrar a sus unidades. Mayor vigilancia

De forma paralela a las acciones de seguridad para las familias de los militares, en las instalaciones castrenses, divididas en zonas, Blanca (atención al público), Gris (para personal con identificación o permiso), Negra (de alta seguridad, registro con iris, consideradas sumamente confidenciales) y Alto Mando se ha intensificado la seguridad. Los planes de eventuales reubicaciones de las familias de militares acantonados en la XII Regiones Militares y las 46 Zonas Militares no será tarea fácil. Exista un déficit de espacios habitacionales para gente del Ejército. Se conoce que hay lista de espera de entre 2 y 3 años para conseguir que se asignen casas. De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, en el presupuesto para la Sedena, en el tema de Programas y Proyectos de inversión, el punto Construcción de Viviendas para el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, tuvo asignado 103 millones 60 mil 864 pesos. No solamente se trata de presupuesto para las casas. El Ejército no cuenta con terrenos propios suficientes. De los convenios que realizan con distintas entidades, se sabe que lo único que les dan como apoyo son vales para la gasolina de sus vehículos y un seguro adicional en caso de muerte. De hecho, el Ejército no gana un solo peso en esos convenios, donde a veces tiene que mover incluso hasta una División, que son elementos que durante los operativos viven en casas de campaña en las Zonas Militares.

--  ANDRÉS BECERRIL / EXCÉLSIOR