La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tendrá que dar a conocer el nombre o la razón social del proveedor, tipo de servicio o bien suministrado y el monto pagado por diversas obras realizadas mediante convenios con instituciones y dependencias públicas. La información deberá corresponder a la Planta de tratamiento de aguas residuales, su red de riego realizada en Los Pinos. También, la información relativa al Centro de Salud “El Paredón”, en el estado de Chiapas; el Cuartel General de la vigésima zona militar, en el predio conocido como “Loma de Fátima”, del estado de Colima y diversas construcciones, derivado de un convenio suscrito con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). El pleno del INAI resolvió de tal forma dado que el tema es de interés social, al permitir que la población conozca el uso del dinero público, los acuerdos, procedimientos y resultados derivados de las obras públicas que lleva a cabo la Sedena, expresó la la comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena. Ello, indicó, contribuye a la rendición de cuentas respecto a los proyectos de inversión y sus alcances. Tras la solicitud de información de un ciudadano, la Sedena señaló que era inexistente, pues la dependencia no fue responsable del gasto efectuado en la realización de obras e indicó que las instancias competentes son el TEPJF, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y los gobiernos estatales de Colima y Chiapas. Inconforme con la inexistencia de lo solicitado, el particular interpuso un recurso de revisión ante el INAI, mediante el cual manifestó que, en solicitudes anteriores, se han proporcionado datos sobre las obras ejecutadas por la Sedena y los proveedores contratados para ese fin. Para allegarse más elementos para realizar el estudio del caso, la ponencia a cargo de la comisionada Ibarra Cadena requirió al sujeto obligado los convenios y acuerdos relacionados con la solicitud de acceso a la información. Al analizar los convenios y acuerdos recibidos, se advirtió que existe un compromiso expreso de la Sedena para resguardar la documentación comprobatoria del gasto ejercido, por lo que se concluye que la inexistencia invocada es improcedente. Con información de Notimex