Entre los muchos obstáculos que las personas con discapacidad enfrentan, se encuentran los problemas de salud, los cuales son altamente variables y que en muchas ocasiones implican recurrir a planes de aseguramiento, sin embargo, en ocasiones, las instituciones aseguradoras no les ofrecen o conceden los seguros, produciendo situaciones de discriminación.

Así lo denunció la diputada Josefina Salazar Baez quien señaló que será importante el seguimiento para la aprobación de la iniciativa de reforma a la Ley de las Personas con Discapacidad del Estado y Municipios de San Luis Potosí, que busca prohibir cualquier tipo de discriminación en contra de las personas con discapacidad en el otorgamiento de seguros de vida o de salud. Dijo que a pesar de que se trata de un servicio prestado por instituciones privadas, las aseguradas no están exentas de observar, en su actuación cotidiana, los criterios contenidos en la legislación para evitar y eliminar la discriminación en México; incluyendo el artículo primero de la Constitución, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la que México es suscriptor, así como las leyes nacionales en materia de discriminación. Además de que las leyes nacionales en materias de contratos de seguro, y de aseguradoras y fianzas, establecen las líneas generales y no discriminatorias de los seguros personales. Consideró que prohibir expresamente la exclusión en este aspecto, es un ejercicio de coherencia legislativa y una afirmación del derecho a la salud, pues como lo ha señalado el Senado de la República: “en línea con la total accesibilidad que deben de contar las personas con discapacidad, se les debe de tomar en cuenta para ofrecerles servicios financieros de cualquier tipo de acuerdo a sus necesidades.” Por esos motivos señaló que, además de estar obligadas a actuar conforme a la Ley, es posible que al incluir a las personas con discapacidad, las aseguradoras puedan beneficiarse más allá de las ganancias económicas; esto se lograría al cultivar una imagen corporativa y por ende publicitaria de observancia de las Leyes, de responsabilidad social, y de genuino respeto al principio esencial del mutualismo. La legisladora consideró que no queda sino subrayar que es necesario continuar perfeccionando el marco legal para la realización plena del principio constitucional que busca erradicar la discriminación, y que en este caso concreto, puede impactar de forma notoria en favor de un grupo vulnerable como son las personas con discapacidad