En 2016 se cometieron 69 mil 107 secuestros en el País, 4 mil 648 más que los cometidos en 2015, según estimaciones de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2017.  El estudio calculó 66 mil 842 víctimas de este delito, 4 mil 206 más que las registradas en el año previo por la misma encuesta. La Envipe había mostrado una tendencia a la baja en la prevalencia de este delito desde 2013, cuando estimó 131 mil 936 secuestros, que se revirtió el año pasado. En 2016, según la encuesta, 66 por ciento de los afectados fueron víctimas de plagios con duración de menos de 24 hora; otro 20 por ciento sufrió una privación ilegal de la libertad de entre uno y tres días.  Y en el 12 por ciento de los casos, el secuestro se prolongó por cuatro días o más. Las cifras contrastan drásticamente con las reportadas por las Procuradurías y Fiscalías estatales, que en 2016 abrieron mil 130 averiguaciones previas este delito, es decir, apenas el 1.6 por ciento de los casos estimados en la Envipe, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Desde 2013, el SESNSP también lleva un registro de las víctimas de delitos de alto impacto como homicidio, extorsión y secuestro. En este último caso, las cifras del Secretariado también son dramáticamente diferentes con respecto a lo calculado en la Envipe. Por ejemplo, en 2016 registra mil 385 víctimas, es decir, 65 mil 457 menos que la estimación de la ENVIPE.  "El secuestro es muy complicado de medir, es el que menos se denuncia", afirmó Marcela Figueroa Franco, investigadora en la organización civil Causa en Común y especialista en temas de seguridad pública y política criminal.  "La Envipe es una encuesta muy bien hecha, digamos que es de lo mejor que tenemos para acercarnos a la realidad en cuestiones de secuestro", explicó. Francisco Rivas Rodríguez, director del Observatorio Nacional Ciudadano y representante de la sociedad civil ante el Consejo Nacional de Seguridad, afirmó que, además de que en muchos casos las víctimas no denuncian, no hay certeza de que aún con la denuncia las autoridades efectivamente investiguen. "Tienen conocimiento del delito pero, por algún motivo que desconocemos, opta por no investigarlos", afirmó el activista en entrevista telefónica.  Otro aspecto, dijo Rivas, es el registro adecuado del delito.  Por ejemplo, el secuestro exprés es registrado como robo con violencia, extorsión, amenazas o lesiones dolosas, pero no como privación ilegal de la libertad, debido al impacto mediático de este delito.  Figueroa Franco afirmó que la mayoría de los secuestros tienen una duración de menos de 24 horas porque los delincuentes necesitan menos organización y dinero para cometerlos.  "Son más fáciles que montar todo un secuestro de varios días", explicó Figueroa, maestra en Ciencia Política con especialidad en Política Comparada por la Universidad Central Europea. Para Rivas, la unidades especializadas en el combate al secuestro creadas en las Procuradurías o Fiscalías estatales no están siendo suficientemente efectivas para combatir el delito y es necesario cambiar la manera en la que se están enfrentando a las bandas de secuestradores. Expuso que se está combatiendo una consecuencia, pero no se está previniendo ni tampoco se está mermando en las capacidades económicas de los delincuentes. "No se les quita un centavo", señaló el director del ONC.  "No son los jefes, los capos, los que están siendo detenidos, sino figuras menos relevantes. Hay bandas de 30, 40, 50 integrantes, y detienen a 3 o 4, y los demás siguen delinquiendo", dijo.

-- Reforma