La decisión del Tribunal Electoral de considerar el reparto de tarjetas de programas sociales como "propaganda electoral" abre la puerta a la coacción del voto, juzgaron consejeros del INE. Además, ata de manos al INE para sancionar a partidos que se extralimiten con dádivas sociales, comentaron los consejeros Pamela San Martín y Benito Nacif. El pasado miércoles, el Tribunal Electoral federal dio la razón al PRI y al PVEM, que se habían quejado por una reforma al reglamento de fiscalización del INE que prohibía el reparto de tarjetas en campañas electorales. En septiembre, el consejo del INE incluyó en el artículo 143 del reglamento que el reparto de tarjetas, plásticos y trípticos que ofertaran un bien futuro a condición del triunfo de determinado candidato se consideraría un elemento de coacción al voto, delito previsto en la Ley Electoral (Legipe). Un caso es la Tarjeta Rosa, promocionada en las elecciones del Edomex y Coahuila. El tricolor daba la tarjeta prometiendo un beneficio y solicitaba datos al ciudadano. El pasado miércoles, al resolver las impugnaciones, los Magistrados electorales determinaron por unanimidad que el INE se extralimitó al prohibir dichos materiales y le ordenó considerarlos "propaganda electoral" y sumarlos a los gastos de campaña de los candidatos en la etapa de fiscalización. "Esta Sala Superior considera, en el caso particular, que el gasto realizado de cualquier material en el que se oferte o entregue algún beneficio que implique la entrega de un bien o servicio, independientemente de la prohibición de su difusión, encuadra en el concepto de propaganda referido (propaganda electoral) y, en tal virtud, los recursos empleados en la difusión de la misma deberán sumarse a los gastos de campaña de los candidatos que resulten beneficiados con dicha propaganda". La consejera San Martín advirtió que el tribunal abre la puerta al reparto masivo de tarjetas y a la coacción en la elección de 2018. Incluso permite el acopio y mal uso de datos personales de los ciudadanos, como hizo el PRI en las pasadas elecciones de Coahuila, en las que repartió miles de Tarjetas Rosas y recabó información de los electores como si se tratara de un padrón de potenciales "beneficiarios". "El tribunal no está permitiendo que el Instituto genere reglas de antemano para marcar con absoluta certeza qué está permitido y qué está prohibido en el proceso electoral, lo que no permite tomar medidas preventivas", abundó. Por su parte, el consejero Nacif indicó que al INE únicamente le quedará la facultad de revisar si dicho gasto fue reportado en la etapa de fiscalización para establecer si hubo un rebase de tope de gastos de campaña, pero ya no podrá imponer multas a los partidos por el uso indebido de recursos a través de tarjetas. En un comunicado, el TEPJF señaló ayer que la sentencia busca homologar el artículo 143 Quater del Reglamento de Fiscalización con lo que dice el artículo 209, párrafo 5, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe). -- REFORMA