El Congreso del Estado tiene hasta el 16 de noviembre para nombrar un Fiscal General, según lo estipula el Decreto 0705 publicado en el Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí. Si vencido este plazo no se ha hecho la elección, el gobernador procederá a hacer el nombramiento de entre la terna de propuestas que envió el pasado lunes y que incluye a los abogados: Federico Garza Herrera (actual procurador), Fernando López Díaz de León y Verónica Jareda García. Solo en caso de que el Congreso rechace la terna enviada, el gobernador presentará una nueva terna, si esta segunda también es rechazada ocupará el cargo la persona que designe el gobernador y solo él puede removerlo. La conversión de la Procuraduría en una Fiscalía General, a cargo de un Fiscal General, es imprescindible para lograr que funcione la Reforma Penal que se puso en marcha hace unos meses. El decreto que modifica varios artículos de la Constitución señala claramente que “en nuestro país era insostenible mantener a la Procuraduría General de la República como un brazo punitivo bajo la influencia política y el control administrativo del Poder Ejecutivo Federal”. “Por eso es relevante que el Congreso de la Unión y la mayoría de las legislaturas de los estados, hayan aprobado la reforma constitucional en materia político-electoral que contenía la reforma para otorgar autonomía al Ministerio Público en el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en febrero de 2014”.

Según el decreto la procuración de justicia no deje estar bajo el dominio del Poder Ejecutivo. La procuración de justicia no es una función de naturaleza política, sino jurídica. De ahora en adelante, el Ministerio Público se organizará en una Fiscalía General del Estado, como órgano público dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía presupuestal, técnica y de gestión, cosa que actualmente no sucede, pues el procurador forma parte del gabinete legal del gobernador. La Fiscalía estará a cargo de un Fiscal General del Estado que durará en su encargo siete años, sin posibilidad de reelección, y deberá cumplir los mismos requisitos que la Constitución exige para ser magistrado. La Fiscalía contará, al menos, con una fiscalía especializada en delitos relacionados con hechos de corrupción y otra en materia de delitos electorales; los titulares de las mismas serán electos y removidos en los mismos términos que el Fiscal General del Estado; los titulares de las demás fiscalías, así como los servidores públicos de esa institución serán designados y removidos por el Fiscal General. Otra novedad es que la Fiscalía se regirá por un servicio profesional de carrera, que reglamentará las bases para el ingreso, permanencia, ascensos, formación, profesionalización y actualización de los servidores públicos.