Un centenar de manifestantes corearon lemas y golpearon tambores el viernes fuera de un tribunal federal de apelaciones, donde tres jueces escuchaban argumentos acerca de permitir que entre en vigor una ley de Texas contra las llamadas ciudades santuario. En cierto momento los manifestantes gritaron: "¡Anúlela!". El juez federal Orlando Garcia bloqueó gran parte de la ley el 31 de agosto, un día antes de que entrara en vigor. Bajo la ley, los jefes de policía de Texas podrían ser destituidos e incluso procesados si se abstienen de cumplir con las solicitudes de los funcionarios federales de inmigración de detener a personas por delitos no relacionadas con la inmigración. No había indicios de cuándo fallarían los jueces, pero un empleado dijo que no será el viernes. El tribunal federal de apelaciones del Quinto Distrito ha programado una audiencia en noviembre sobre la ley misma. Varios gobiernos locales en Texas están luchando contra la ley, que también permite a la policía indagar sobre el estatus migratorio de las personas durante interacciones de rutina, como las paradas de tráfico, una provisión que Garcia no bloqueó. Funcionarios municipales de Dallas, Houston, El Paso, San Antonio y Austin están entre los opositores a la ley de Texas. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus iniciales en inglés) está luchando contra la ley estatal en nombre de la ciudad de El Cenizo. La organización Mexican American Legal Defense Fund representa a otras localidades. Los opositores han argumentado en escritos que esa ley estatal pone a los agentes del orden público en violación de la Cuarta Enmienda constitucional, al exigirles que detengan a personas sospechosas de haber inmigrado ilegalmente sin que haya causa probable. También argumentan que pone ilegalmente a la policía local en el papel federal de los agentes de inmigración, y que es inconstitucionalmente imprecisa sobre exactamente cuándo un policía local estaría violando la ley. Los partidarios de la ley estatal argumentan que los funcionarios de inmigración ya han determinado la causa probable cuando buscan que los agentes locales detengan a alguien. También alegan que los funcionarios federales y locales tienen una larga historia de cooperación en asuntos de inmigración y que la ley es clara en su prohibición contra las políticas de gobiernos locales que restrinjan la aplicación de la ley de inmigración. -- MILENIO