El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela aprobó este viernes la extradición de la ex fiscal general, Luisa Ortega Díaz, y del ex ministro de Petróleo, Rafael Ramírez, ambos disidentes del chavismo para procesarlos por diversos delitos. Por su parte, Washington responsabilizó al gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro del atentado del pasado 4 de agosto por "el sufrimiento e inestabilidad que ha causado al pueblo" y exigió una "investigación independiente" de los hechos. El máximo órgano de justicia venezolano declaró procedente solicitar a Colombia la extradición de Ortega Díaz, quien huyó de forma clandestina a Bogotá tras ser destituida de su cargo en agosto del año pasado por la Asamblea Nacional. Esta decisión judicial contra Ortega, de 60 años, se da a pocos días de que un grupo de magistrados venezolanos del autodenominado "tribunal supremo en el exilio", sentenciara al presidente Maduro a 18 años y tres meses de prisión por su supuesta "vinculación con hechos de corrupción", en contubernio con la constructora brasileña Odebrecht, proceso orquestado por la ex fiscal desde Bogotá. En un comunicado, el TSJ indicó que aprobó la extradición de Ortega Díaz para procesarla por su presunta participación en los delitos de traición a la patria, por usurpación de funciones y uso de documento público falso, entre otros. Asimismo, el TSJ también pedirá a España la extradición de Ramírez –cuyo paradero se desconoce– ex embajador venezolano ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y ex presidente de Petróleos de Venezuela por su presunta participación en los delitos de peculado, evasión de procedimiento licitatorio y asociación delictiva. En tanto, Estados Unidos pidió la creación de una comisión independiente para investigar el atentado con drones cargados con explosivos del pasado 4 de agosto contra el presidente Maduro, hecho que calificó de "violencia política", aunque responsabilizó a su gobierno por la "inestabilidad generalizada y sufrimiento en Venezuela". También condenó la violencia por el atentado e instó al régimen de Maduro a respetar el Estado de derecho, ejercer control y salvaguardar la presunción de inocencia de todos los acusados”, subrayó la oficina del portavoz del Departamento de Estado en un comunicado. Caracas rechazó la postura de Washington que, aseguró, "minimiza (...) la gravedad de los hechos y levanta falsas acusaciones contra los procesos judiciales venezolanos en abierto desconocimiento de nuestras leyes". Por el momento son 14 los detenidos, entre ellos dos militares, por el atentado contra Maduro, por el que ya se emitieron 27 órdenes de aprehensión con alerta roja a la Interpol. Anoche, el presidente Maduro anunció un aumento de 3 mil 300 por ciento al salario mínimo, el quinto incremento en lo que va del año, en un intento por aminorar el impacto de la hiperinflación. Dijo que el salario mínimo será de mil 800 bolívares soberanos, la nueva moneda que entrará a partir del lunes, y precisó que ese nuevo ingreso equivaldrá a medio petro, la criptomoneda venezolana. El mandatario ya había aumentado los salarios en junio, cuando aprobó un ajuste de 103 por ciento. -- La Jornada