La decisión sobre quitar los subsidios a estancias infantiles debió basarse en el interés superior del niño a una educación inicial, no en una ponderación política, recriminó el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl González. El Ombudsman aseguró que esa determinación atenta contra los menores, pues entregar directamente el recurso a los padres no garantiza una estimulación temprana, educación inicial, desarrollo físico, cognitivo y social de los pequeños. Al participar en la sesión del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), lamentó que este mecanismo se reinstalara sin poner sobre la mesa una evaluación plural, objetiva e informada sobre las acciones del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador que impiden la posibilidad de hacer vigentes los derechos de los menores. "En particular, las decisiones que afectaron las estancias infantiles. En opinión de la Comisión debieron formularse teniendo como prioridad la defensa del interés superior de la niñez, considerando de manera especial la importancia de la estimulación temprana y la educación inicial en primera infancia. "Beneficios que sólo se pueden atender mediante la atención especializada y que no son susceptibles de compensarse o monetizarse mediante la entrega de ministraciones económicas", afirmó. Ante el argumento de López Obrador que el subsidio se terminó por la "corrupción" que imperaba en las estancias, González aseguró que cualquier falta administrativa o delito que se hubiese presentado debía investigarse y sancionar, pero no afectar el programa. "Nadie puede oponerse a ello o que exista impunidad, cuando se hayan incumplido las normas, sin embargo, las ponderaciones económicas, políticas o de otra índole no coadyuvan a que los derechos de las niñas o niños sean más vigentes, ni tampoco que el derecho al trabajo de madres y padres también lo sean", apuntó. REFORMA publicó que una tercera parte de las estancias infantiles cerró ante la cancelación del subsidio gubernamental, y las que se mantuvieron disminuyeron su población entre un 50 y 70 por ciento. Además de que se han registrado cientos de casos de madres que afirman que no fueron censadas, en consecuencia, no recibirán el apoyo; muchas de ellas dejaron de trabajar para cuidar a sus hijos, mientras que otras que recibieron el dinero directamente aseguran que lo usarán como parte de su gasto cotidiano. En la sesión, la ex representante de la Unicef en México, Isabel Crowley, aseguró que es necesario que el Gobierno implemente un mecanismo de seguimiento para saber qué tipo de cuidado están teniendo los niños. Mientras que Juan Martín Pérez, de la Red por los Derechos de la Infancia, expresó su preocupación porque la cancelación del programa dejó sin supervisión a los menores, lo cual está representando un riesgo a su integridad. "Tenemos mucha preocupación porque este modelo que se hizo contra viento y marea, que claramente deja sin supervisión a niños", dijo. La Secretaria de Bienestar, María Luis Albores, aseguró habrá una mesa de diálogo para atender esas peticiones, y que a las madres que tenían hijos en las estancias y no fueron censadas, las delegaciones estatales están obligadas a inscribirlas. -- Reforma