Un juez federal de la Ciudad de México turnó a uno de sus homólogos de Veracruz el amparo que presentó Karime Macías contra la orden de aprehensión librada en su contra por un presunto desvío de al menos 112 millones de pesos del DIF estatal. Juan Mateo Brieba de Castro, Juez Sexto de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, se declaró incompetente para instruir el juicio de garantías presentado por la esposa de Javier Duarte. Brieba estimó que el acto que reclama Macías y las autoridades de las que se queja se encuentran en Veracruz. "Envíese el expediente original del juicio de amparo a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa-Enríquez, para que a su vez, se turne al juzgado correspondiente", acordó en el expediente 454/2018. En caso de que un juez de la capital veracruzana no acepte tramitar el amparo, surgirá un conflicto competencial que deberá ser resuelto por un tribunal colegiado, autoridad que puede definir a cuál juzgador le corresponde un asunto. Macías presentó este amparo el pasado lunes, luego de que el Gobernador de Veracruz anunciara que había sido librada una orden de aprehensión por un fraude que se realizó a través de depósitos a empresas "fantasma". El juez de la capital del País le negó la suspensión de plano contra la orden de captura, al estimar que este mandato no es un ataque a su libertad personal fuera de procedimiento legal. La Secretaría General de la Interpol libró el martes la ficha roja contra Macías, para que sea buscada en 192 países. Al menos hasta principios de semana, la acusada estaba ubicada en Londres. La Fiscalía de Veracruz le imputa haber usado los recursos del DIF estatal para pagar contratos de compraventa a lo menos seis empresas inexistentes. Los convenios fueron por concepto de equipo médico, productos multivitamínicos, sistemas de purificación de agua, sistemas de captación pluvial, sanitarios biodegradables, artículos electrodomésticos y paquetes escolares. La indagatoria arrojó, según el Ministerio Público, que no existen prueba de la entrega de los bienes adquiridos. -- Reforma