La respuesta enviada por el Gobierno de Jalisco para justificar el recorte de 140 millones de pesos para el Museo de Ciencias Ambientales es improcedente y recurre a leyes secundarias, señaló el área de Comunicación Social de la Universidad de Guadalajara.

En sesión extraordinaria, el Consejo General Universitario decidió rechazar de manera categórica e insistieron en que este hecho es ilegal y representa un atropello a la autonomía universitaria.

El Rector General, doctor Ricardo Villanueva Lomelí, explicó que la respuesta del Ejecutivo se basa en un equívoco básico: no distingue entre un Organismo Público Descentralizado, que está dotado de autonomía, y una dependencia estatal ordinaria; además de que violenta la división de poderes al invadir las facultades del Congreso del Estado.

 Reiteró que de acuerdo a la Ley de Contabilidad Gubernamental, los recursos de la Universidad se consideran comprometidos y no se puede disponer de ellos. Además, los contratos se registraron en tiempo y forma, mientras que el monto sólo podría modificarse en caso de que no hubiera llegado por parte de la Federación, pero no fue así: el gobierno estatal sí recibió el recurso, por lo que no hay justificación para condicionar su entrega.

 Recomendó a los funcionarios estatales no firmar la reprogramación de estos recursos a menos que tengan un oficio firmado por el gobernador, ya que pueden incurrir en responsabilidades que comprometan su patrimonio personal.

El Rector General se dijo dispuesto a dar a conocer todos los detalles del Fideicomiso para Infraestructura de la Red Universitaria (FIFRU) que señala el gobierno estatal en su respuesta. Adelantó que los recursos que integran este fideicomiso son resultado del Plan de Austeridad que se ha aplicado desde 2019.

Detalló que en 2019 se sumaron a este fondo 316 millones de pesos, tras la reducción de 20 por ciento del personal de la Administración Central de esta Casa de Estudio. En 2020 se sumaron 405 millones de pesos y en 2021 fueron 616 millones de pesos. En total, son mil 338 millones de pesos ahorrados que se emplearán para  beneficio de la comunidad universitaria, sustituyendo butacas, construyendo aulas, laboratorios y un largo etcétera.

“La UdeG hace infraestructura con economías, el Gobierno del Estado con deudas”, subrayó Villanueva Lomelí.

 Llamó a centrar la discusión en el tema del recorte ilegal de 140 millones de pesos que se pretende hacer en contra de la Universidad y reiteró la total apertura a la inquietud del Gobierno de Jalisco sobre el FIFRU. Convocó a que se realice una reunión de frente a la sociedad, abierta a medios de comunicación, donde tanto la Universidad como el Gobierno del Estado expliquen con detalle los fideicomisos y el empleo que se ha dado a la deuda adquirida por la actual administración.  Por su parte, el director del Sistema de Educación Media Superior (SEMS), maestro César Barba Delgadillo, informó que ya se superó la meta en la recolección de firmas como muestras de apoyo de la ciudadanía que se había fijado en 140 mil firmas. Hasta el momento se han conseguido más de 151 mil firmas y se siguen acumulando muestras de apoyo.