Este jueves regresaron al Congreso del Estado dos de los diputados acusados de participar en una red de corrupción en la Auditoría Superior del Estado. Su argumento: que la Procuraduría no encontró señalamientos en su contra, por parte de los funcionarios que han sido citados para declarar en este caso. Su regreso fue recibido con sorpresa por varios sectores sociales e incluso con indignación, pero el tema da para múltiples análisis. Aquí algunos aristas: >Llama la atención que hasta el día de hoy la Procuraduría de Justicia del Estado no haya procedido en contra del diputado con licencia Enrique Flores, a pesar de que en su momento dijo tener elementos suficientes para ejercer acción penal en su contra. El Congreso ya lo desaforó. ¿Qué esperan entonces?  >Resulta completamente ilógico creer que el diputado Enrique Flores haya actuado solo. Si como dice la Procuraduría, ninguno de los alcaldes de los 58 ayuntamientos señaló abiertamente a más diputados, queda claro que los están encubriendo, por miedo o por cualquier otra razón. Peor sería que la Procuraduría no esté haciendo correctamente su labor. >¿No le parece un absurdo que la Procuraduría base su investigación en las declaraciones de alcaldes, que son juez y parte? Rastreo de cuentas bancarias, revisión de documentos de auditoría, las nuevas auditorías que aún estamos esperando. Documentos como éstos son los que pueden llevar a la raíz y a la verdad en este asunto, pero de eso no hablan. La “ecuación corrupta” es un caso paradigmático y conforme pasan los meses más nos queda claro que difícilmente los responsables pisarán la cárcel, porque al tratarse de una red de corrupción estarían involucrados por igual: alcaldes, auditores y diputados, de lo contrario no sería una red. Lo más probable es que varios alcaldes guarden ominoso silencio, porque están involucrados hasta “las narices”. Como dijo un prominente abogado potosino: se ha puesto usted a pensar, ¿con qué dinero le pagaban los alcaldes a los diputados y auditores para que les blanquearan las cuentas públicas? Es casi seguro que con recursos públicos, con una parte de la tajada que era para ellos. ¿Como esperar entonces que señalaran a diputados? Se supone que la Reforma Penal transformó las procuradurías en un ente investigador, ajeno a intereses políticos, pero al menos en el caso potosino no ha quedado demostrado.