En México urge que el Gobierno federal concluya la arquitectura del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) para evitar que políticos acusados de desvío de fondos u otro delitos recuperen bienes que inicialmente les fueron incautados, señalaron líderes partidistas y diputados de Oposición. "Mientras no se elijan a los Magistrados de la Sala Anticorrupción, mientras no termine ese proceso, la carta está puesta para que los políticos corruptos puedan ser beneficiarios de los bienes que se robaron y que ahora van a ser parte de ellos", sostuvo Ángel Ávila Romero, dirigente nacional del PRD. REFORMA publicó este domingo que, debido a lo laxo de las leyes mexicanas, durante los últimos tres sexenios la Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía) ha tenido que devolver casas, autos, ranchos, cuentas bancarias y hasta una panadería a políticos a los que acusó de desvío de recursos públicos. La última en conseguirlo fue la lideresa magisterial Elba Esther Gordillo, a quien la Fiscalía le regresó siete cuentas bancarias, un lote de libros, obras de arte y tres vehículos, entre ellos uno de colección. Ávila Romero reprochó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador se pronuncie en contra de concluir el nombramiento de los 18 Magistrados que integrarán la Sala Anticorrupción y que se incline por designar siete nuevos Ministros en la Suprema Corte de Justicia para abordar este tema. "El escenario inmediato es que el Senado dictamine ya las propuestas de 18 Magistrados que mandó Enrique Peña Nieto hace un año o que, en su caso, el Presidente López Obrador envíe nuevas propuestas para la Sala Anticorrupción, el predictamen que está en la Comisión de Justicia del Senado pase a la Comisión Anticorrupción que encabeza Clemente Castañeda, esto se tiene que hacer pronto", enfatizó. De no concluir con prontitud la arquitectura del SNA, el perredista consideró que el Presidente enviará una señal de su inclinación por continuar protegiendo a personajes como el actual senador morenista Napoleón Gómez Urrutia. "Napoleón y Elba son personajes que el Presidente ha defendido su inocencia, los ha reivindicado públicamente, el tema de Mario Villanueva es igual. Hay mucha empatía con sector del PRI corrupto con Morena", apuntó. Martha Tagle, diputada por Movimiento Ciudadano, evidenció el vacío que existe en el Sistema Nacional Anticorrupción por parte del Gobierno federal. "Se ha dejado totalmente de completar el Sistema Nacional Anticorrupción. Las candidaturas para la Sala Anticorrupción ahí se quedaron y no se sabe qué va a pasar con ellos, incluso se habla de presentar una propuesta diferente. Lo cierto es que no tenemos tribunales en la parte administrativa que estén plenamente dedicados a la parte de anticorrupción y que, aunque están legislados, falta concretar la instalación y operación de los tribunales", expresó. El Senado, planteó, debe insistir en la conformación total del SNA e impedir que avancen propuestas como que el Presidente nombre a siete magistrados para que atiendan este tema en la Corte. Por otra parte, dijo, los diputados deben reforzar la fiscalización a la administración pública para identificar aquellos casos en los que un conflicto de interés pudiera derivar en corrupción, como el de la empresa del compadre del Presidente, Miguel Rincón, que ganó un contrato para proveer papel de libros de texto. "Ver toda la corrupción que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo y cómo la están atacando, pero también estar muy pendientes de los nuevos casos de corrupción que se pueden estar repitiendo, por ejemplo, el tema del compadre que sacó REFORMA y que si no hubiera sido por esta publicación pública, las áreas que tienen que evitar que se den los conflictos de interés no están actuando", indicó. La diputada por MC también urgió a que se fortalezcan los Ministerios Públicos y que la Fiscalía mejore la integración de las carpetas de investigación para evitar fallas en los procedimientos judiciales. Adriana Dávila Fernández, diputada del PAN, señaló que el Presidente simula combatir la corrupción y no contribuye a fortalecer las instituciones autónomas. "Se convirtió en un supuesto combate a la corrupción porque no vemos ninguna acción afirmativa que haga y que genere un Estado de Derecho para evitar la impunidad. Este Gobierno no tienen voluntad alguna ni de ser transparente ni se generar un proceso legal anticorrupción. "El Presidente es antinstituciones autónomas, las va desapareciendo con el argumento de la austeridad, me parece que confunde la austeridad con la mediocridad y, además, con una forma mucho más fácil de que una persona haga lo que quiera", dijo la legisladora del PAN. REFORMA