CIUDAD DE MÉXICO.- El pasado 27 de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador emprendió su plan contra robo de hidrocarburos. Desde entonces no han dejado de reportarse tomas clandestinas. De acuerdo con un informe entregado por Pemex a la Cámara de Diputados, en 2019 se han detenido a 58 personas relacionadas con delitos del mercado ilícito de combustible. Estos delitos no se han limitado a casos aislados, sino que escalaron a niveles empresariales, como grupo Soni y sus filiales Sonigas, Global Gas y otras empresas señaladas por la extracción ilegal de gas LP y gasolina. De acuerdo con información de la Cámara de Diputados, en 2014 en el municipio de San Pablo Xochimehuacán, Puebla, se descubrió una toma clandestina de la empresa Garza Gas, una filial de grupo Soni, que se encontraba conectada a un ducto de gas LP de Pemex. Pese a ello, la empresa Sonigas continúa operando. Ante este panorama, en diciembre pasado el grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados y Morena en el Senado de la República presentaron un punto de acuerdo para exhortar a la Fiscalía General de la República -antes PGR- y a la Comisión Federal de Competencia Económica para que, en el marco de sus atribuciones, investiguen a la empresa Sonigas S.A. de C.V. en su área de suministro y distribución de gas licuado de petróleo por presuntas prácticas monopólicas y delitos cometidos en materia de hidrocarburos. Además, en la proposición presentada al Senado se solicitó a la Procuraduría Federal del Consumidor que lleve a cabo inspecciones a la empresa Sonigas S.A. de C.V. en relación al abasto y venta de gas LP en todo el país para verificar si en realidad está vendiendo a los consumidores tanques de gas llenos. Y es que aunado a las investigaciones en su contra, las empresas de grupo Soni ostentan quejas desde el año 2000 por la venta de tanques de gas a medio llenar. De acuerdo con Investigaciones de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), dicha compañía cometía este tipo de prácticas en diversas entidades de la República, como Baja California, Sonora, Guerrero, Sinaloa, Michoacán, Guanajuato, Colima, Tamaulipas, Oaxaca, San Luis Potosí, Puebla, Jalisco, Chiapas, Tabasco, Nayarit, Hidalgo y Estado de México. Actualmente se discute en la Cámara de Diputados la reforma constitucional al artículo 19 para incluir como causal de prisión preventiva oficiosa el robo de hidrocarburos. Sin embargo, el artículo 8 de la ley federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos (publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de enero de 2016 y reformada por última ocasión en junio pasado), establece que se sancionará con pena de 20 a 30 años de prisión y una multa de hasta 2 millones 112 mil 250 pesos a quien sustraiga hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos de ductos, vehículos, equipos, instalaciones o activos de manera ilegal. En este tenor, el artículo 4 de la misma ley precisa que será el ministerio público de la federación, es decir, la Fiscalía General de la República deberá proceder de oficio en la investigación y persecución de los delitos previstos en dicha ley, salvo aquellos que conforme a la misma se persigan por querella de parte ofendida o del órgano regulador. -- EXCÉLSIOR