Nicaragua, considerado uno de los países más seguros de Centroamérica, está cerrando el 2018 como el año más violento desde la guerra civil de los años 80. Desde abril el país centroamericano vive una crisis política sin precedentes y la violencia en las calles ha sido un tema cotidiano.  La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), contabiliza 325 muertos en el marco de las protestas que piden elecciones anticipadas y culpa al Gobierno de Daniel Ortega de dichos decesos; hay otras organizaciones que contabilizan más de 500 muertos.  "No se había visto un año más violento desde los 80", comentó a REFORMA el experto en temas de seguridad Roberto Cajina.  "Con la diferencia que ahorita no hay una guerra entre dos bandos como aquellos años sino toda la fuerza del Estado reprimiendo a sangre y fuego las protestas pacíficas", añadió. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado para investigar las muertes presentó un informe el pasado viernes, luego de ser expulsado por el Gobierno de Nicaragua, culpando a la Policía por los asesinatos y recomendando que se investigue a Ortega y a toda la jefatura policial. El GIEI, integrado por expertos como la ex Fiscal guatemalteca Claudia Paz y Paz y el Fiscal argentino Pablo Parenti, determinó que la Policía disparó a matar a los manifestantes con armas de guerra en la cabeza, cuello y torax, y catalogó los asesinatos como "crímenes de lesa humanidad". Las protestas contra Ortega comenzaron en abril por los universitarios después de una reforma a la Seguridad Social que cercenaba el 5 por ciento de su pensión a los jubilados. La medida fue derogada, pero las protestas siguieron pidiendo justicia por los primeros muertos en los primeros días de la revuelta, elecciones anticipadas y la salida del Mandatario, que es acusado por los opositores de crear una dinastía familiar. "Ortega degeneró a la Policía", apuntó Cajina. "Una institución catalogada como unas de las mejores de latinoamerica es vista ahora como una institución criminal por defender a un gobernante que ha violado la ley". El Gobierno, en cambio, mantiene que lo que ocurrió en Nicaragua es un intento de golpe de Estado financiado desde el exterior. 

"Con ese discurso ha encarcelado a todos los dirigentes de las protestas, campesinos, estudiantes, líderes de movimientos sociales y periodistas están presos acusados de terrorismo, pero lo que hubo en Nicaragua fue una rebelión cívica", indicó el ex diputado Eliseo Núñez. La Alianza Cívica, donde se aglutinan la mayoría de opositores a Ortega, contabiliza 627 reos políticos, que el Gobierno considera terroristas. Pero la crisis política ha acarreado otros problemas. Según José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), Nicaragua es el único país de Centroamérica que no crecerá en 2018. "Sólo te pongo un ejemplo: por cada mes de crisis política que tuvimos, retrocedimos un año", dice Aguerri. Los empresarios calculan que Nicaragua ha perdido en ocho meses de protesta, mil 200 millones de dólares.  "Todo eso lo podemos reponer, si el país se vuelve encaminar, pero tenemos que arreglar primero el problema político con elecciones adelantadas", puntualizó Aguerri. "Lo que no podremos reponer jamás son las víctimas mortales, son los jóvenes muertos, para ellos tiene que haber justicia", sentenció.