A poco más de un mes de celebrarse por primera vez una elección judicial en México, el proceso avanza entre polémicas, limitaciones legales y una ciudadanía poco informada, advirtió en entrevista para “Así las Cosas” el politólogo Mario Ramos, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara y director de Alternativa Consultores. En entrevista, recordó que la elección se llevará a cabo el próximo domingo 1 de junio, e incluirá seis boletas para designar a jueces, magistrados, ministros y otros cargos del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, lamentó que el proceso haya sido “atropellado” desde su origen legislativo. “Se está armando sobre la marcha, con errores en las listas, acuerdos entre el INE y las cámaras, e incluso la inclusión de perfiles polémicos, como lo denunció recientemente Gerardo Fernández Noroña”, señaló. Según el experto, la expectativa de participación es preocupantemente baja. “Hay estimaciones que rondan entre el 7% y 15%, en el mejor de los casos. La mayoría de las personas no sabe que habrá elección y mucho menos entiende qué se va a votar”, advirtió. Mario Ramos explicó que las campañas están fuertemente limitadas: no se permite publicidad pagada, brigadas, ni eventos masivos salvo aquellos organizados por universidades o cámaras que inviten a todos los candidatos por igual. “Esto limita el derecho de los ciudadanos a un voto informado. La democracia requiere que sepamos a quién elegimos”, dijo. Sobre el papel del Instituto Nacional Electoral (INE), Ramos reconoció que ha hecho lo posible dentro de los márgenes que le impuso la reforma legislativa, pero señaló que las decisiones del órgano electoral han sido “polémicas” y podrían afectar su credibilidad. Un ejemplo es que los votos no serán contados en casillas el mismo día de la elección, sino en los consejos distritales, en un plazo de hasta 15 días. “Esto podría generar suspicacias y desconfianza en el resultado final”, advirtió. También subrayó que los candidatos no contarán con representantes en casillas ni en los consejos, lo que impide una vigilancia efectiva del proceso por parte de los aspirantes. Finalmente, Ramos insistió en que esta elección debe verse como un primer paso que necesitará ajustes. “Después del 1 de junio, tiene que haber una revisión a fondo del proceso. En 2027 se elegirá la otra mitad de los cargos judiciales, y estados como Jalisco deberán aprender de este ejercicio para adaptar sus propias leyes y garantizar procesos más ordenados y legítimos”, concluyó.