La querella de la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, en la causa por el intento de asesinato perpetrado contra ella el pasado 1 de septiembre consideró que la justicia debería investigar a quienes están “detrás del hecho” e, incluso, al “propio Estado argentino”. El abogado de Fernández, Gregorio Dalbón, indicó que “no solamente los autores materiales deben ser investigados, sino también quienes estuvieron alrededor de la vicepresidenta y manipularon todo tipo de evidencia, ya que la Policía pertenece al Estado argentino”. “Habría que investigar al propio Estado argentino”, agregó. Este sábado se cumple un mes desde que el 1 de septiembre Fernando Sabag Montiel, un brasileño de nacionalidad argentina de 35 años, gatilló dos veces contra Fernández cerca de su domicilio, en medio de las manifestaciones en su apoyo después de que un fiscal solicitara 12 años de prisión por presunta corrupción durante sus dos períodos como mandataria (2007-2015). Tras ser detenido, entre sus pertenencias estaba un teléfono celular que fue llevado ante peritos informáticos de la Policía, aunque el móvil fue restaurado a “estado de fábrica” por “error” y todo su contenido perdido. Dalbón considera que esto fue hecho a propósito por las fuerzas de seguridad, con la intención de encubrir a los “verdaderos responsables” del intento de magnicidio. “Nadie mata a una persona como Cristina si no es porque está en juego el dinero de personas poderosas. Si hay un gobierno que ha mermado los derechos de algunos empresarios, en pos de mejorar los derechos de los que menos tienen es la exmandataria”, agregó. Hasta el momento, la Justicia detuvo a otros tres implicados que tuvieron relación con el autor material y fueron captados por cámaras de seguridad y televisión en los alrededores de la vivienda de la vicepresidenta, antes y durante el atentado. “A mi criterio ese celular fue borrado de forma dolosa. No hubo un error, lo borró la Policía”, aseguró Dalbón, quien agregó que ese teléfono “era el de la huida”.

Según el abogado, “si el tiro salía, nadie hubiese visto al tirador, sino la explosión de la cabeza de la vicepresidenta”, por lo que expresó su preocupación por la pérdida de información del celular: “Mientras se desataba el ‘pandemonium’, él hubiese podido escapar y salir del país”. No obstante, para Galbón la investigación debería abarcar también a los servicios de inteligencia. “Esa es la rama que no veo de parte de la jueza encargada del caso, María Eugenia Capuchetti, y el fiscal Carlos Rívolo”, criticó el abogado, ya que, consideró, “esto no fue una obra de cuatro lúmpenes o lobos solitarios”. “Nunca he visto que en un intento de magnicidio no esté un servicio de inteligencia detrás. Es necesario investigar quién financió el hecho, al círculo rojo y a quién le interesaría la muerte de la vicepresidenta”, sumó. El atentado generó una gran repercusión internacional e, incluso, Estados Unidos ofreció, por medio del titular del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, poner a disposición “recursos y logística” para la investigación. Esto fue confirmado por el ministro argentino del Interior, Eduardo De Pedro, durante un encuentro bilateral en Washington, el jueves pasado. Por último, el abogado de Fernández opinó que la vicepresidenta tiene una posición muy sólida y está confiada en el camino a seguir que determine la Justicia. No obstante, él no cree que “la jueza y el fiscal estén a la altura de las circunstancias”, por lo que solicitó la intervención del procurador general de la Nación, Eduardo Casal, “para colaborar en la búsqueda de la verdad”. Con información de López Dóriga Digital / EFE