El poder atropellando a los ciudadanos. La ruta es clara y el camino está trazado. Todas las decisiones apuntan en la misma dirección: la concentración de poder sin contrapesos, sin obstáculos ni resistencias. Lo que estorbaba, lo eliminaron. Lo que resistía, lo tripularon. Y ahora cooptan lo que aun estaba fuera de su alcance.

Todo el poder en pocas manos, y los ciudadanos sin defensa ni protección. A merced de un gobierno todopoderoso.

Cuando pensamos que lo habíamos visto todo, la Corte del Acordeón nos sorprende. Vivimos lo insólito.

Ahora, sin orden de un juez, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) podrá congelar cuentas de banco. Lo podrá hacer cuando quiera y por el tiempo que quiera. No hay reglas ni márgenes legales claros. El congelamiento podría durar horas, días o años, aun sin mandato judicial.

En otras palabras, el Estado puede dejar a los ciudadanos sin acceso a su propio dinero.

La SCJN emanada de la trampa, en votación divida (seis a tres), lo disfrazó de “medida administrativa preventiva”, pero en realidad es un arma de control político y financiero contra ciudadanos a quienes quitarán el acceso a sus cuentas bancarias, impedirán recibir pagos formales y operar en el mercado laboral legal.

El ciudadano afectado no podría ni pagar impuestos, ni tener vida económica. Y todo, sin una orden judicial.

¿Qué necesitará la UIF para congelar las cuentas de cualquier persona? Simple y sencillamente tener "indicios razonables" (lo que sea que eso signifique) de que se manejan recursos de origen ilícito.

Una medida tan discrecional como peligrosa, que elimina el debido proceso, la presunción de inocencia y acaba con la certeza jurídica.

Y, de paso, un arma del gobierno para tratar de silenciar a voces incómodas, para intentar amedrentar a quienes cuestionan y critican.

El todopoderoso Estado, sin mecanismo para hacerle frente, puede borrar de un plumazo a quien quiera y desaparecerlo del sistema financiero del país.

Ni siquiera es necesario que un juez emita una sentencia o declare culpabilidad: a la congeladora y ahí después averiguan.

Un atropello a las libertades individuales. Un grosero abuso de poder. El Estado persiguiendo a contribuyentes, en lugar de ir tras los delincuentes.