La aprobación de la Ley General de Aguas en la Cámara de Diputados encendió alertas entre legisladores de oposición por los posibles impactos financieros y operativos que podría generar en los municipios, particularmente en estados con alto crecimiento poblacional como Querétaro. Desde el grupo parlamentario del PRI, el diputado federal Mario Calzada advirtió que la nueva legislación podría rebasar la capacidad económica y de infraestructura de los gobiernos locales. En entrevista, el legislador señaló que el PRI votó en contra de la ley al considerar que no atiende de manera adecuada las necesidades de diversos sectores sociales y productivos, pero sobre todo porque traslada responsabilidades a los municipios sin garantizar recursos suficientes para su cumplimiento. “Muchos presidentes municipales aquí en Querétaro dicen no tener capacidades económicas para hacerse cargo, como lo dice la ley, del servicio de agua potable”, expresó. Mario Calzada explicó que el recurso hídrico es limitado y que la presión sobre los sistemas municipales de agua se incrementa en entidades con crecimiento acelerado. En el caso de Querétaro, afirmó que la llegada constante de población, la expansión de colonias y el desarrollo urbano generan una demanda que supera la infraestructura disponible. “Querétaro es un estado que crece muy por encima de la media nacional y hay una gran necesidad de agua por mucha gente que migra; el estado no tiene infraestructura suficiente para abastecer toda esta necesidad que se genera”, apuntó. El diputado advirtió que, de no atenderse este escenario, podría ponerse en riesgo la estabilidad financiera de los municipios, al obligarlos a asumir costos elevados en operación, mantenimiento y ampliación de redes de agua potable, drenaje y saneamiento, sin un respaldo presupuestal claro desde la Federación. Pese a que la Ley General de Aguas ya fue aprobada por la mayoría legislativa, Calzada indicó que los representantes de la oposición se mantendrán vigilantes del proceso de implementación, especialmente durante la armonización de las leyes estatales, donde consideró que aún existen márgenes para corregir algunas de las problemáticas detectadas. “Vamos a seguir siendo gestores de los ciudadanos para no permitir cualquier clase de injusticia que se cometa contra ciudadano alguno. Estaremos muy pendientes de lo que suceda”, afirmó. Finalmente, el legislador priista subrayó que el debate no está cerrado y que será fundamental evaluar el impacto real de la ley en los gobiernos municipales, particularmente en aquellos que carecen de infraestructura y recursos suficientes para garantizar el acceso al agua potable sin comprometer sus finanzas.