UN NUEVO LAUDO en contra de México, oooootra vez, acaba de sumarse: éste lo ganó la belicosa firma de abogados neoyorquina Quinn Emanuel en contra del Estado y suma otros 130 millones de dólares. Este afamado bufete especializado en litigio que fundó John B. Quinn está muy metido en México: ha representado a personajes como Salvador Cienfuegos, César Duarte, Gonzalo Gil y Genaro García Luna. El laudo tiene que ver con una demanda que data de abril de 2020 e involucra a la empresa de participación canadiense y estadounidense, con cuyas embajadas Andrés Manuel López Obrador trae pleito, B-Mex. Esta compañía y 39 inversionistas tienen participación en Exciting Games, que el gobierno de Felipe Calderón le otorgó permisos para siete centros de apuestas remotas y siete salas de sorteos de números. Las localidades donde opera u operaban estas casas de juegos y sorteos son Naucalpan, Villahermosa, Puebla, CDMX y Cuernavaca, con permisos cuyas vigencias vencen hasta el año 2037. Los demandantes alegaron actos ilegales y arbitrarios por parte de la Secretaría de Gobernación, el Servicio de Administración Tributaria, la Procuraduría General de la República y el Poder Judicial de la Federación. Acusaron a las huestes de Miguel Ángel Osorio, Luis Videgaray y Jesús Murillo de revocarles permisos y autorizaciones para operar sus casinos en México, clausura permanente e imposición de medidas fiscales. Denunciaron que esas acciones violaban el TLCAN en cuanto a los principios de trato nacional, trato de nación más favorecida, nivel mínimo de trato y expropiación y compensación. El 17 de junio de 2016 presentaron su notificación de arbitraje y cuantificaron su reclamación en la cantidad de 100 millones de dólares, más intereses, costas y otros gastos que deriven del arbitraje. La controversia fue registrada ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) el 11 de agosto de 2016 y el tribunal arbitral que lo dirimió fue constituido el 14 de febrero de 2017. Tras siete años de alegatos, en junio pasado el tribunal emitió su laudo, el cual México, vía las secretarias de Gobernación y Economía, Luisa María Alcalde y Raquel Buenrostro, ha evitado hacer público. Y es que el gobierno de la 4T solicitó a ese tribunal internacional una orden protectiva para que no se conozca el fallo del panel, integrado por Raúl E. Vinuesa, Gary B. Born y Gaëtan J. Verhoosel. México decide qué casos publicar, como fue éste último que anunció con bombo y platillo Buenrostro en el que Pemex se salvó de pagarle a Oro Negro más de 400 millones de dólares y le cobrará 400 mil dólares. Pero calla en éste de B-Mex por sus méritos en un arbitraje NAFTA en el CIADI, o el de la CFE que le reseñamos ayer hasta por 140 millones de dólares en la Corte de Arbitraje Internacional de Londres. LOS ABOGADOS DE Banorte no se equivocaron: lograron que la ministra Margarita Ríos Farjat accediera a su petición de dejar listado el asunto sobre el levantamiento del velo corporativo de la empresa Cartograf, el cual iba a ser analizado en la sesión de ayer de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, a cargo de Jorge Mario Pardo. El expediente deriva de la orden dictada por la Juez Cuarto de lo Civil de Proceso Escrito del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, Flor de María Hernández Mijangos, siendo un caso sin precedentes, en el que a solicitud del banco de Carlos Hank González, se otorgó como medida precautoria el levantamiento del velo, afectando a terceros que no son accionistas o administradores ni forman parte de la relación crediticia. En contra de dicha determinación los afectados interpusieron juicio de amparo, que en revisión, fue atraído por la instancia que preside Norma Piña, en el que se podría analizar la constitucionalidad de que sin mediar prueba alguna y sin audiencia de parte, pudiera ser afectado el patrimonio de terceros, incluso sin garantizar los daños y perjuicios que se pudieran causar con la misma. Desde entonces y hasta la fecha, el patrimonio de dichos terceros se encuentra asegurado y pendiente de resolución. HASTA EL SAT que comanda Antonio Martínez Dagnino llegó una denuncia por el posible delito de evasión fiscal cometido por Fundación Comunitaria Malinalco, que preside Alfredo Becker del Río, como resultado de una discrepancia de hasta 11 millones de pesos entre los egresos que registra la autoridad y los ingresos que se reportan a la misma. La querella, con el folio 121035, involucra a exfuncionarios federales, del Estado de México y hasta a representantes de gobiernos extranjeros, como Pedro Álvarez Icaza, exconsejero de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas; Marta Alcocer Warnholtz, directora de la Casa de la Cultura de Malinalco, y Remi Henri Etienne Berthemelot, cónsul honorario de Francia. Álvarez Icaza es hermano del senador Emilio Álvarez Icaza y padre de Julia Álvarez Icaza, recién designada por Clara Brugada titular de la Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX. DONDE TAMBIÉN ANDAN en fiesta de fin de sexenio es en Nacional Financiera. Si usted necesita un crédito rápido y en condiciones preferenciales, le conviene acercarse al director de Banca de Inversión, Arturo Gochicoa. En los últimos meses se ha vuelto tradición aprobar créditos quirografarios de gran cuantía a empresas que tradicionalmente no calificarían dentro de los parámetros de la institución. Tan es así, que esos préstamos están siendo aprobados sin pasar por el Comité Ejecutivo del banco, sino solo por comités internos para no llamar la atención de los montos. En esta situación se encuentra uno de Cotemar, que dirige Alejandro Villarreal, por 150 millones de dólares, el cual fue autorizado en esas condiciones porque el director de la institución, Luis Antonio Ramírez, le comunicó al secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, que era para apoyo de proveedores de Pemex. Lo que no le reveló fueron las condiciones tan inusuales con las que lo dio. A PROPÓSITO DE fiestas, todo indica que la recuperación de los hospitales del IMSS, ISSSTE y sector salud que son operados bajo la fórmula de Asociaciones Público-Privadas (APP) y Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) que tanto cacareó el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quedó a la deriva. Y es que simplemente no hay dinero ni en el instituto que maneja Zoé Robledo ni en el que lleva Bertha Alcalde para pagar las indemnizaciones a los privados. Apenas el martes el ISSSTE tomó el control de la clínica hospital Mérida que operaba GIA, de Hipólito Gerard. Antes el IMSS había llegado a un acuerdo con Prodemex, de Olegario Vázquez Aldir, para recuperar los hospitales generales de Tapachula y Bahía Banderas, y el mismo ISSSTE para el hospital general de Villahermosa. Pero en ninguno de los cuatro casos el gobierno de la 4T ha desembolsado un peso. Los cinco restantes quedaron detenidos. POR DARÍO CELIS ESTRADA      

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