Se debe reconocer que generan derrama económica. Lo más importantes es que la ciudad capture las plusvalías que esta nueva forma de arrendamiento deja Un convenio del gobierno de la CDMX con la plataforma Airbnb ocasionó una polémica con respecto a que el mismo contribuiría a incrementar el costo de la vivienda en la ciudad. La intención del gobierno era la de promover el turismo y se entendió que en realidad se promovía el incremento en el precio de la vivienda, ya que sería utilizada por los profesionales que pasan una temporada en la capital para trabajar. La verdad no lo creo. Por un lado, la ciudad sí requiere de una oferta adicional de cuartos para actividades de alto impacto económico, como congresos, filmaciones, eventos, espectáculos y para estancias cortas de personas por razones laborales o de estudio. Eso se realiza generalmente en zonas céntricas, pero podría extenderse a algunas otras con determinadas características. En realidad, el tema es que el costo de la vivienda lleva varias décadas incrementándose en la ciudad y no es culpa necesariamente de las plataformas de renta de estancias cortas. El problema en realidad es que no producimos vivienda asequible en zonas céntricas de la ciudad, ni para venta, ni para renta. Los precios están creciendo desde el inicio del siglo, mucho antes de que ese tipo de plataformas existieran. Lo que generamos fue vivienda de alto costo, que por cierto hoy tiene dificultades para venderse, pero no se aprovechó el boom para condicionar las facilidades que se otorgaron a la vivienda de alto costo a producir también vivienda más accesible. Tampoco se capturaron las plusvalías generadas por los nuevos desarrollos para generar recursos adicionales a la capital que podrían haber sido utilizados para subsidiar vivienda. Esto es, la culpa no es únicamente de Airbnb, sino que realmente, las políticas de suelo y vivienda no fueron exitosas para generar vivienda de menor costo. Por un lado, esquemas como el Infonavit no generan vivienda asequible en la ciudad, incluso en las modalidades de cofinanciamiento. En 2020 se formalizaron en la ciudad 20 mil créditos, mientras que en Nuevo Leon, entidad con tres millones menos de personas, se formalizaron 55 mil y en Chihuahua, con cinco millones menos, se formalizaron 35 mil. Simplemente no estamos generando vivienda que pueda ser adquirida por los sistemas gubernamentales de financiamiento, responsables de más del 60% de los créditos de vivienda del país. Tampoco se han generado esquemas para la producción masiva de vivienda en renta, mientras que la vivienda subsidiada de la ciudad se genera mediante esquemas controlados por grupos de interés, de casi imposible acceso a la población general y con poca relación con financiadores privados que puedan potenciar los proyectos. La ciudad requiere de cambios de uso de suelo, de simplificación y certidumbre regulatoria, que facilite el desarrollo de vivienda en zonas céntricas o interiores, de inversión en infraestructura y en servicios, que puede ser financiada por la captura de plusvalías, así como de incentivos para producir más vivienda asequible. Eso, aunado a esquemas transparentes de subsidios para la vivienda popular y de nuevos mecanismos de financiamiento, públicos, pero también privados, que atiendan las necesidades de vivienda capitalina. Por lo pronto, es verdad que a Airbnb y a otras plataformas similares se les debe regular, para ampliar sus beneficios y reducir sus efectos negativos. Reconocer que generan beneficios y derrama económica en muchos sectores. Me parece que lo más importante es que la ciudad capture las plusvalías que esta nueva forma de arrendamiento genera. Especialmente entre las transacciones que realizan empresas que se dedican a invertir en la producción y administración de vivienda de ese tipo de esquemas, para que compartan parte de sus ganancias con la ciudad. No solamente con el pago del impuesto a cuartos de hotel, que ya muchos se enteran, sino también con actualizaciones de predial e incluso con gravámenes especiales, que pudieran ser condonados o reducidos para personas que tienen una o dos propiedades. El punto es que si culpamos únicamente a Airbnb del incremento del precio de la viviendas y lo sobre regulamos, en lugar de orientarlo correctamente, solamente afectaremos la actividad económica y los precios de las viviendas seguirán igual de altos.  POR VIDAL LLERENAS

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