Una investigación ordenada por la ONU afirmó el miércoles que el aparato represivo de Venezuela permanece prácticamente intacto a pesar de una reducción en ciertos casos de abuso tras la destitución del presidente Nicolás Maduro a principios de este año.

Estados Unidos capturó a Maduro para que sea juzgado por cargos de narcotráfico, pero ha dejado a su gobierno del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) prácticamente intacto, para decepción de la oposición venezolana, que afirma que le robaron las elecciones de 2024 y que debería estar en el poder.

En un informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la misión independiente de investigación afirmó que la captura de Maduro en enero produjo una disminución de las detenciones prolongadas por motivos políticos y los abusos relacionados, pero no supuso una ruptura fundamental con años de represión.

"Las de liberalización política adoptadas desde esa fecha siguen siendo parciales, condicionales y, en el mejor de los casos, reversibles", declaró la misión, añadiendo que un alejamiento de las formas más severas de represión podría no ser un "alejamiento genuino y sostenible".

La misión de Venezuela ante la ONU en Ginebra no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de Reuters.

El informe, que abarca el período comprendido entre septiembre del año pasado y julio, describió la intervención estadounidense como una violación del derecho internacional.

El gobierno de Maduro había sido ampliamente cuestionado por la oposición y numerosos gobiernos occidentales, incluso en relación con las controvertidas elecciones presidenciales de 2024.

Algunos avances

El informe señaló que la presidenta encargada Delcy Rodríguez, aliada de Maduro, introdujo medidas que incluyen la liberación de presos, una ley de amnistía y el cierre de El Helicoide, un centro de detención asociado desde hace tiempo con la detención arbitraria y la tortura.

También señaló que los grupos de la sociedad civil y las figuras de la oposición habían ganado mayor libertad para organizarse y criticar a las autoridades.

Sin embargo, los expertos independientes de la ONU afirmaron que altos funcionarios vinculados a la represión del pasado seguían ocupando puestos clave y que los organismos de seguridad, los servicios de inteligencia y las leyes utilizadas para restringir la disidencia no habían sido objeto de una reforma significativa.

La misión afirmó que cientos de personas, incluidos opositores reales o percibidos como cuentos por parte del gobierno, permanecen detenidas arbitrariamente por razones políticas y siguen enfrentándose a duras condiciones carcelarias, torturas y malos tratos.

Documentó denuncias de palizas, descargas eléctricas, aislamiento prolongado y otros abusos en las prisiones de máxima seguridad de El Rodeo I y Fuerte Guaicaipuro.

El informe también halló amplios vínculos entre el Estado y los grupos civiles armados conocidos como "colectivos", afirmando que éstos habían desempeñado un papel clave en la intimidación de las personas percibidas como opositoras, con el respaldo político, financiero y logístico de las instituciones estatales.

La misión afirmó que las autoridades no habían logrado promover la rendición de cuentas por los abusos del pasado y criticó la decisión de Venezuela de retirarse del Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional.

Instó al gobierno a liberar a todos los presos políticos, investigar los presuntos crímenes de lesa humanidad, reformar las instituciones de seguridad y desmantelar a los grupos civiles armados implicados en violaciones de derechos humanos.

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Con información de Latinus