El Parlamento de Dinamarca aprobó una reforma legal el jueves para prohibir la quema de textos religiosos en espacios públicos, luego de un conflicto diplomático desencadenado por actos similares cometidos con el Corán por grupos ultraderechistas. La moción, respaldada por 94 votos contra 77, impone multas y hasta dos años de prisión en casos de reiteración para aquellos que traten de manera "indecente" un texto religioso de importancia significativa para una comunidad religiosa reconocida, de manera pública o con intención de difusión. La nueva ley, impulsada por el Gobierno de centro liderado por la primera ministra socialdemócrata Mette Frederiksen, fue aprobada después de un extenso debate que puso fin a una polémica iniciada cuando el proyecto fue presentado en agosto pasado. La oposición expresó críticas, acusando al Ejecutivo de limitar la libertad de expresión y ceder a las presiones de países islámicos. Sin embargo, no logró reunir los votos necesarios para someter la cuestión a un referendo, ya que el Partido Socialista Popular se negó. "Comprendo que para muchos sea un tema fundamental. Pero si ponemos en la balanza la consideración a la seguridad de Dinamarca frente al derecho de algunas personas a quemar de forma reiterada cosas que significan algo para muchos, con el objetivo de provocar reacciones violentas, elegimos la seguridad", afirmó el ministro de Justicia, Peter Hummelgard, tras la votación. Durante el debate, ninguna figura del gobierno subió al estrado para defender la propuesta, lo que generó críticas de la oposición. Mientras tanto, en el exterior, la organización "F%#$ Islam" quemaba un ejemplar del Corán. Las quemas del libro sagrado de los musulmanes, realizadas en primavera y verano en Dinamarca y Suecia, provocaron protestas en el mundo islámico con condenas de varios países y amenazas de medidas económicas y diplomáticas. Aunque los ataques se dirigieron principalmente contra Suecia, el Gobierno de este país rechazó una medida similar, aunque estableció una comisión para estudiar una reforma de la ley de orden público que permita a la policía denegar el permiso para eventos de este tipo si se considera que representan una amenaza para la seguridad. Con información de Excelsior.