Con el objetivo de garantizar mayor equidad y reforzar la justicia social en materia sucesoria, la Comisión Segunda de Justicia del Congreso del Estado avaló una reforma al artículo 1214 del Código Civil de San Luis Potosí, enfocada en el reconocimiento de los derechos de las personas que mantienen una relación de concubinato. La diputada Gabriela López Torres, quien preside dicha comisión, explicó que la modificación impulsada por la legisladora Jacquelinn Jáuregui busca actualizar la redacción legal mediante un lenguaje inclusivo, además de corregir imprecisiones técnicas que actualmente limitan el ejercicio pleno de derechos. Entre los principales cambios, se establece la obligación de que la persona testadora garantice alimentos a quien haya sido su concubina o concubino, siempre que se cumplan ciertos supuestos: no haber contraído matrimonio, carecer de bienes suficientes y encontrarse en una situación que le impida desempeñar un trabajo. Uno de los ajustes más relevantes es la eliminación del requisito de “buena conducta”, considerado un concepto ambiguo y sin sustento jurídico objetivo. De acuerdo con la legisladora, su permanencia en la norma abre la puerta a interpretaciones arbitrarias y posibles actos de discriminación. López Torres subrayó que el texto vigente contiene disposiciones que vulneran derechos humanos, por lo que la reforma representa un avance al retirar criterios subjetivos que condicionaban el acceso a un derecho que debe ser garantizado sin prejuicios.

La nueva redacción vincula el derecho a recibir alimentos con lo dispuesto en los artículos 105 y 106 del Código Familiar del Estado, y precisa que este beneficio se mantiene únicamente si la persona en concubinato no contrae matrimonio o continúa imposibilitada para trabajar. Asimismo, se aclara que, en caso de existir más de una relación simultánea equiparable al matrimonio, ninguna de las personas involucradas podrá reclamar dicho derecho. Finalmente, la diputada destacó la importancia de revisar y modernizar el lenguaje jurídico tanto del Código Civil como del Familiar, al considerar que el marco legal debe evolucionar conforme a los principios de progresividad y respeto a los derechos humanos. El dictamen aprobado será turnado al Pleno del Congreso para su discusión y votación.

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