Los aranceles del 25 por ciento a productos mexicanos aplicados por el gobierno de Donald Trump ya comienzan a tener sus primeras consecuencias económicas, las cuales se han reflejado en un aumento de precios para consumidores estadounidenses y posibles represalias comerciales por parte de México, señaló Julio Di Bella Roldán, presidente de Gran Bajío, quien aseguró que las amenazas de campaña del ahora presidente de Estados Unidos ya se han cumplido, pese a los esfuerzos del gobierno mexicano por dirigir la política económica a una vía de cooperación y diálogo.

Asimismo, resaltó Di Bella que, pese a los argumentos de Marcelo Ebrard acerca de que imponer aranceles supondría una pérdida de hasta 400 mil empleos en ambas naciones, la parte industrial ya tuvo un impacto negativo en empresas estadounidenses con operaciones en México, además de que en el tema diplomático hay una tensión permanente por las medidas impuestas y los posibles desafíos derivados de la implementación del T-MEC.

"La incertidumbre ya es palpable; si en los primeros meses había dudas de que Trump cumpliera sus amenazas, en el paso de los días ya se empiezan a sentir los problemas, fundamentalmente en la especulación", añadió Julio Di Bella, pues explicó que, con este contexto, la incertidumbre trae un alza y variación de precios, así como indefinición en atracción de inversiones, pues ya hay casos en que empresarios, quienes pensaban duplicar su capacidad de inversión, hoy son más reservados ante lo que puede venir.

En consecuencia, el presidente de Gran Bajío puso como ejemplo armadoras automotrices, como Chrysler o Dodge que decidieron escalonar la producción de algunas unidades; o bien, la presión a dos o tres entidades del país que se han visto afectadas por el arancel al jitomate.

En este sentido, Di Bella enfatizó en la necesidad de fortalecer las medidas internas y reconoció que los 18 puntos propuestos por la presidenta Claudia Sheinbaum son 'buenos deseos', pero el punto es cómo se va a resolver la situación en un tiempo récord, ya que se requiere el apoyo de todos los actores.

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No obstante, consideró una buena iniciativa la de reducir la tramitología hasta en un 50 por ciento, pues es una reforma que busca tentativamente el aterrizaje de empresas. "Si eso es cierto, es una buena medida", afirmó, siempre y cuando la agencia de transformación digital y comunicaciones funcione como debiera, pues, si una empresa quiere concretar una inversión física en México, hay un promedio de espera de 2.6 años pasa fo por 580 trámites en cada estado y 144 en cada municipio. Debido a esto, Di Bella puntualizó que, dentro de las medidas que se vislumbran, esa pareciera ser una estrategia acertada ante el contexto comercial que atraviesa México con el vecino del norte.