El secretario General de Gobierno dijo que se realizaron los trámites administrativos y jurídicos con los 58 ayuntamientos del Estado, para presentarles y, por consiguiente, determinen aprobar desde sus Cabildos la creación de la Guardia Civil Estatal y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, al resaltar que dicha reforma constitucional requiere que la mitad, más uno, avalen la Iniciativa aprobada en el Congreso local. Dijo que con base al respeto a la autonomía de las autoridades municipales, se augura que pronto la Guardia Civil Estatal se ponga en marcha en San Luis Potosí, pues al ser la seguridad un tema que compete e involucra a todos los niveles de Gobierno es fundamental que se sumen a la estrategia del Gobierno del Estado. “Estamos convencidos que los 58 ayuntamientos avalarán esta reforma constitucional porque ello implica satisfacer la necesidad de una reingeniería jurídica en materia de seguridad pública y hacer frente a las nuevas necesidades en las que estamos obligados como autoridad”, expresó. Destacó que se trata de una estrategia de seguridad en el Estado, que generará las condiciones de paz, tranquilidad y protección de la integridad y patrimonio de la ciudadanía en las cuatro regiones, ya que el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona apostó a que fuera un modelo acorde a las necesidades en la materia. El funcionario estatal aseveró que ambas instituciones reconvertirán la manera de garantizar la seguridad pública a las y los potosinos y marcarán el rumbo de transformación para la Entidad, como se propuso desde el inicio de la nueva administración, además de reforzar la estrategia integral de programas sociales que ha definido el Mandatario Estatal para impulsar el desarrollo social de todas las familias. Por último, recordó la inversión de 300 millones de pesos para la adquisición de equipamiento de última tecnología; capacitación reactiva, en derechos humanos y de operación a los 400 elementos que la integrarían de manera inicial; vehículos nuevos para las tareas de vigilancia, y la compra de drones de gran alcance que se sumarán a labores de sobrevigilancia.