El magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco y presidente de la Comisión de Consolidación y Fortalecimiento del Modelo Acusatorio y Oral, Damián Campos García, calificó como un avance histórico la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, al considerar que pone fin a la disparidad de sanciones que existía entre las entidades federativas y fortalece el combate a uno de los delitos que más afectan la tranquilidad de la ciudadanía. Durante su entrevista en “Así las Cosas”, el magistrado explicó que, antes de la entrada en vigor de esta ley general, cada estado contaba con su propia regulación, lo que derivaba en penas muy desiguales. En el caso de Jalisco, recordó que hace algunos años la extorsión podía castigarse incluso con penas de apenas un año de prisión, lo que resultaba insuficiente frente al daño causado a las víctimas. Con la nueva legislación, vigente desde el 28 de noviembre del año pasado, la extorsión se sanciona en todo el país con penas que van de 15 a 25 años de prisión, tanto en el fuero común como en el federal, además de agravantes cuando las víctimas sean niñas, niños o personas en situación de vulnerabilidad. Campos García subrayó que el delito de extorsión ha tenido un crecimiento alarmante en los últimos años, particularmente a través de llamadas telefónicas, conocidas popularmente como “derecho de piso” o “secuestros virtuales”, muchas de las cuales —dijo— incluso se originan desde centros penitenciarios o estructuras organizadas dedicadas al fraude y la intimidación. “El nivel de gravedad que hoy se le da a la extorsión es tal que puede castigarse incluso con más años de prisión que un homicidio calificado”, puntualizó, al comparar que en Jalisco un homicidio simple se sanciona con alrededor de 12 años de prisión, mientras que la extorsión ahora puede alcanzar hasta 25. El magistrado aclaró que, con esta nueva ley, el delito se configura desde el momento en que una persona exige un beneficio económico o de cualquier tipo mediante amenazas, independientemente de que el dinero se entregue o no, lo que elimina vacíos legales que anteriormente desincentivaban la denuncia. Asimismo, destacó el profundo daño psicológico, económico y social que provoca la extorsión en las víctimas, quienes viven bajo miedo constante, padecen afectaciones a su salud y, en muchos casos, pierden su patrimonio, mientras que las sanciones previas resultaban desproporcionadas frente a estas consecuencias. Finalmente, Damián Campos García hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar este delito y confiar en las instituciones, al señalar que las fiscalías están actuando y que la aprobación de esta ley general envía una señal clara de que el Estado busca cerrar el paso a conductas que vulneran gravemente la paz, la dignidad y la seguridad de las personas.