La consejera jurídica del Estado de Jalisco, Tatiana Anaya Zúñiga, informó que el Pacto Metropolitano firmado entre Jalisco y Nayarit busca articular esfuerzos institucionales para prevenir, atender y erradicar el abuso sexual infantil, un delito que —dijo— “lacera profundamente a la sociedad y exige acciones coordinadas más allá de los límites territoriales”. En entrevista para “Así las Cosas”, Anaya Zúñiga explicó que esta iniciativa surgió desde la sociedad civil y fue retomada por ambos gobiernos estatales con el propósito de cerrar los vacíos legales que pueden aprovecharse en zonas limítrofes como la región metropolitana de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, donde los límites competenciales entre entidades son mínimos. “Lo que queremos es que no existan vacíos legales ni duplicidades. Este pacto nos permitirá actuar de forma conjunta, dar resultados visibles y evitar la revictimización de niñas, niños y adolescentes que sufren abuso”, señaló la consejera. Como parte de este acuerdo, se pondrá en marcha la Mesa Suprema, integrada en el marco del Sistema Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), coordinada por la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Su objetivo será revisar y actualizar normativas, protocolos y diseñar indicadores de actuación que permitan mejorar la respuesta institucional.

Anaya Zúñiga resaltó que la capacitación de servidores públicos será una pieza clave de esta estrategia. “Vamos a capacitar a ministerios públicos, policías, personal del DIF y procuradurías, así como a abogados y abogadas del poder ejecutivo. Queremos servidores públicos realmente preparados, con criterios actualizados y con sensibilidad para atender estos casos”, explicó. La funcionaria reconoció que Jalisco requiere un diagnóstico actualizado sobre la incidencia del abuso sexual infantil, pues aunque existen esfuerzos previos, los datos deben renovarse y servir como base para diseñar políticas más efectivas. También señaló que se trabaja en una campaña de prevención dirigida a niñas y niños, en colaboración con el DIF estatal. “Estamos diseñando una plataforma donde los propios niños puedan reportar situaciones de abuso de forma segura. Muchas veces no se atreven a contarlo a sus padres por miedo o vergüenza, y es fundamental que tengan canales de denuncia accesibles”, afirmó. Asimismo, la consejera subrayó la importancia del sector empresarial y la sociedad civil, especialmente del ámbito hotelero, ante la cercanía de eventos internacionales como el Mundial 2026. “Los hoteles tienen un código de ética que debemos reforzar. Hay que capacitarlos para detectar posibles casos de explotación o abuso, y establecer mecanismos claros de denuncia cuando se registren adultos con menores de edad”, explicó. Finalmente, Anaya Zúñiga enfatizó que el pacto contempla cuatro ejes principales: coordinación interinstitucional, diagnóstico y actualización normativa, creación de protocolos de atención, y fortalecimiento de la participación ciudadana. “La protección de nuestras infancias no puede depender de fronteras estatales ni de esfuerzos aislados. Este pacto es una muestra de que cuando hay voluntad y coordinación, podemos construir entornos más seguros y justos para todos”, concluyó.