Aeropuertos del Sureste (Asur), Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) y el Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA) alcanzan un valor conjunto de capitalización superior a los 23 mil millones de dólares. LA DECISIÓN DEL gobierno de la 4T de dar un manotazo a los tres grupos aeroportuarios ya se veía venir: primero fueron los concesionarios de los reclusorios, después los de los hospitales y ahora éstos. Cuando en 1998 el gobierno de Ernesto Zedillo privatizó la red de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, obtuvo alrededor de 440 millones de dólares de los grupos que pujaron en la compra. Poco después, el gobierno de Vicente Fox levantó por la bursatilización de los activos otros cerca de 2 mil 800 millones de dólares en los mercados de Nueva York, principalmente. Aeropuertos del Sureste (Asur), Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) y el Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA) alcanzan un valor conjunto de capitalización superior a los 23 mil millones de dólares. Se estima que en los 25 años de estar en manos privadas, los accionistas que encabeza Fernando Chico Pardo de Asur, Laura Diez Barroso de GAP y Nicolás Notebaert de OMA han cobrado dividendos por aproximadamente 14 mil millones de dólares. Es decir, los inversionistas en los socios estratégicos han obtenido un retorno de inversión de 1200%, lo cual es difícil de justificar, tratándose de activos del Estado y ofreciendo servicios esenciales a la sociedad. De ahí la determinación de reducir unilateralmente entre 12 y 15% la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA), que ha sido uno de los componentes que han hecho de los aeropuertos un negocio muy lucrativo. Al privatizarlos, México aplicó un esquema de regulación tarifaria dual till, que tuvo por objetivo recuperar las inversiones regulando sólo los ingresos que se cobran por servicios aeroportuarios. Los servicios regulados se integran de dos conceptos: el cargo a los pasajeros o TUA, y el cargo a las aerolíneas por aterrizajes, despegues, plataforma, renta de instalaciones, entre otros. Están sujetos a una “tarifa máxima conjunta” o price cap. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes tiene la facultad de revisarlas e incluso hacer ajustes por eficiencias; cada cinco años cada grupo presenta sus planes de inversión para el quinquenio. Es precisamente este mecanismo el que tendría que ser revisado para asegurar que los pasajeros se beneficien de las mejoras en las instalaciones y las eficiencias que generan los grupos aeroportuarios. Como el régimen de Andrés Manuel López Obrador decidió cambiar las reglas, debe traducirse en que los usuarios mexicanos dejen de pagar las tarifas aeroportuarias más caras del mundo. La semana pasada Asur, GAP y OMA solicitaron reunirse de emergencia con el titular de esa secretaría, Jorge Nuño. El encuentro es precisamente hoy. Les darán a conocer los alcances del cambio. VAYA DILEMA EN el que se encuentran los potenciales inversionistas a los que se acercaron Moisés, Max y André El-Mann, en trámite para obtener de los reguladores autorización para crear FUNO 2, el nuevo fideicomiso especializado en propiedades industriales que implicará una inversión de 57 mil millones de pesos. Y es que verán con cierto recelo participar en lo que podría coinvertirse en capital de riesgo, pues hace unos días se conoció que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que preside Jesús de la Fuente, emitió una opinión de delito y les tiene abierta desde hace tiempo una investigación por posibles violaciones a la Ley del Mercado de Valores. A esto hay que agregar otras contingencias multimillonarias en las que están los El-Mann, como el litigio por la toma de control de un hotel de lujo en Playa Mujeres, Quintana Roo, o la controversia por 2 mil millones de pesos que sostienen con Rafael y Teófilo Zaga, que incluso derivó en una condena contra Actinver por mil millones de pesos porque el banco de Héctor Madero, en lugar de cumplir su responsabilidad fiduciaria, optó por ponerse del lado de los desarrolladores inmobiliarios, que figuran en su Consejo de Administración. A ver en qué acaba el trámite de creación de Fibra 2, pues no está sencillo que los inversionistas institucionales apuesten fuertes inyecciones de capital en un grupo con tal historial. Y MIENTRAS FERNANDO Chico Pardo de Asur, Laura Diez Barroso de GAP y Nicolás Notebaert de OMA asimilan el golpazo que les está dando el gobierno de la 4T, un nuevo grupo aeroportuario privado empieza a tomar vuelo: el de José Miguel Bejos. En medio de la sacudida de los mercados que produjo el anuncio de la revisión a la baja que se hará a la estructura tarifaria aeroportuaria, este fin de semana viajó con el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño, a supervisar el aeropuerto de Puerto Escondido, Oaxaca, que está por ser concesionado al dueño aquí de la constructora Mota-Engil. Miguel también está tomando la operación del aeropuerto de Tepic. Ambos, ancla para desarrollos turísticos de su grupo. EL QUE SIGUE perdiendo con Andrés Manuel López Obrador es Germán Larrea. La semana pasada Grupo México salió a asegurar que han pagado puntual todos sus impuestos, pero minimizando al SAT de Antonio Martínez Dagnino y reconociendo que tienen abiertas 17 auditorías y denuncias penales, como la que referimos aquí contra Ferromex de 228 millones de pesos por un ISR no declarado en 2018. Por si lo anterior no fuera suficiente, Luisa María Alcalde dejó en la Secretaría del Trabajo demandas por violaciones laborales y María Luisa Albores en la Secretaría del Medio Ambiente también tiene demandas por contaminación de sus minas. Encima, Larrea perdió a su brazo derecho, Xavier García de Quevedo, quien falleció la semana pasada. EL VIERNES CRÉDITO Real, que lleva Felipe Guelfi, solicitó el concurso mercantil con plan de reestructura previo, tras contar con el apoyo de un 53% de sus acreedores, entre los más fuertes apunte a los fondos Amundi, Cairns, BNP, Julius Baer, Invesco, Inteligo y Shiprock. El proceso se demoró porque se estaban documentando a las mayorías para subirlas precisamente al llamado RSA (Restructuring Support Agreement). La prestamista fundada por Luis y Eduardo Berrondo Ávalos y Ángel Romanos Berrondo estima que sea admitido esta semana. El expediente cayó en el Juzgado Primero Especializado en Concursos Mercantiles, a cargo de Olga Borja. Se van a reestructurar mil 700 millones de dólares de deuda quirografaria, es decir, no garantizada. FRIDA KAHLO CORPORATION (FKC) acaba de demandar a las familias Romeo Pinedo y De Anda, alegando intentos de engaño en medidas cautelares. En 2018 Mara Romeo Pinedo y Mara de Anda Romeo demandaron a FKC solicitando no utilizar la marca “Frida Kahlo”, basándose en un parentesco como herederas de Isolda Pinedo Kahlo, sobrina de la icónica pintora. Pero pasaron por alto que en 2005 la misma Romeo Pinedo firmó, en representación de su madre, Isolda, un convenio con FKC otorgando derechos exclusivos presentes y futuros. La corporación sostiene que las medidas cautelares solicitadas por Mara tenían la intención de engañar a las autoridades y ahora un juez civil de la CDMX acaba de otorgarles medidas para reparar los daños y perjuicios causados. POR DARÍO CELIS ESTRADA

COLABORADOR

@DARIOCELISE