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43 trabajadores del Ayuntamiento fueron despedidos de manera injustificada
14:35 miércoles 17 julio, 2024
Ahí te encargoLa Presidencia Municipal de San Martín Chalchicuautla está violentando la ley y los derechos de los exempleados sindicalizados al no cumplir con el laudo laboral 800/2007 M4 resuelto por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje desde el año 2010. Durante el año 2006 en el municipio potosino 43 trabajadores del Ayuntamiento fueron despedidos de manera injustificada, 20 aceptaron la liquidación que se les ofrecía mientras que los 23 exempleados restantes solicitan al presidente Municipal Luis Fernando Herbert Orta cumpla con dicho laudo laboral en el presente ejercicio fiscal. Todo parece indicar que el presidente municipal podría estar haciendo caso omiso, ya que en 2023 se autorizó en el presupuesto de egresos la cantidad de $3,655,240 de pesos con el objetivo de que se cubriera parte de lo acordado, sin embargo, solo fueron $600,000 pesos lo que se pagó y el resto fue desviado sin respetar el presupuesto autorizado. En el presente presupuesto 2024 se autorizó la cantidad de $2,995,416 para realizar otro abono y hasta la fecha no ha sido cumplido. Al día de hoy el saldo de la deuda asciende a más de 19 millones de pesos, el alcalde junto a su cabildo conoce la problemática que por omisión sigue sin resolverse considerando una incapacidad administrativa, pues el laudo laboral fue ganado por los exempleados desde hace varios años. A pesar de haber transcurrido 14 años desde la emisión del laudo, la parte obligada no cumple con la resolución establecida y emitida por las autoridades competentes.
Incluso 3 personas afectadas han fallecido a lo largo de la exigencia del proceso laboral, lo que es violatorio y un gran atropello a los derechos humanos, demostrando una impunidad intolerable por parte de las autoridades municipales de San Martín Chalchicuautla.
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Los exempleados se encuentran organizando una manifestación y una marcha para ejecutarse en los próximos días afuera de las instalaciones del Congreso del Estado y en el Palacio de Gobierno del Estado con el propósito de ser escuchados y lograr que aplique la ley