El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este martes una serie de medidas para ayudar a proteger a las personas que deciden abortar en el país y pidió al Congreso que promueva una ley federal para proteger ese derecho. Las medidas, promulgadas por el Departamento de Educación y el de Salud y Servicios Humanos, incluyen el refuerzo de una ley que prohíbe la discriminación por motivos de género, conocida como Título IX, y la entrega de seis millones de dólares en ayudas para investigación en temas de salud reproductiva y educación sexual. Bajo la nueva directriz, el gobierno federal indica a las instituciones de educación superior que es ilegal discriminar a estudiantes o profesores con base a un embarazo o “interrupción de un embarazo”. A su vez, exige a las instituciones educativas tratar el embarazo, el posparto o un aborto de la misma manera “que cualquier otra baja temporal” en los planes de seguro médico que ofrecen a los estudiantes o profesores. “No hemos dado marcha atrás y no vamos a dar marcha atrás” en la protección de los derechos reproductivos, dijo Biden en declaraciones previas a una reunión con el equipo de trabajo de la Casa Blanca para los derechos reproductivos, donde también estuvieron presentes la vicepresidenta, Kamala Harris, y otros miembros de su gabinete.

En la misma jornada en que la Casa Blanca recuerda que se han cumplido cien días desde que se revocó la protección del derecho al aborto en el país, Biden y Harris aprovecharon la ocasión para pedir al Congreso que promueva una legislación federal que proteja ese derecho. “Debe hacerlo ahora”, dijo el presidente, que reconoció el impacto que la decisión del Supremo ha tenido para los derechos reproductivos en el país. “Lo que da más miedo es que, en algunos estados, ellos (los republicanos) ya están teniendo éxito” con la aprobación de leyes que prohíben el aborto, dijo el líder demócrata. La decisión del Supremo dio a los estados el poder de emitir leyes propias con respecto al aborto. Como resultado, interrumpir el embarazo actualmente es ilegal en 13 de los 50 estados de Estados Unidos: Alabama, Arkansas, Arizona, Dakota del Sur, Idaho, Kentucky, Oklahoma, Luisiana, Missouri, Mississippi, Tennessee, Texas y Virginia Occidental. El gobierno de Estados Unidos anunció a su vez la entrega de seis millones de dólares en ayudas económicas para distintas universidades y organizaciones en el país que tienen proyectos de investigación en temas de salud reproductiva y educación sexual, de acuerdo con el Departamento de Salud y Servicios Humanos. --

Con información de Latinus