Con 268 votos a favor, 2014 en contra y una abstención, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen de Ley de Derechos, que establece un nuevo esquema para el cobro por el aprovechamiento de los bienes del dominio público, entre ellos la prestación de servicios consulares, migratorios, aduanales, aeroportuarios, ferroviarios y del espectro radioeléctrico, entre otros. El dictamen sometido a consideración de la asamblea, fue aprobado en comisiones sin moverle una coma, respecto de la propuesta enviada por el Ejecutivo a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el pasado 8 de septiembre. Con las reformas y adiciones a la legislación, se establece un cobro por el uso del espectro radioeléctrico, el cual se pagará de forma anual, por cada enlace y por megahertz concesionado, adicionalmente las empresas de blindaje de automóviles podrían pagar el próximo año un nuevo derecho de 500 pesos por la autorización de la constancia de autentificación. Para la discusión en lo particular se inscribieron 85 reservas y serán 54 oradores de los diversos grupos parlamentarios. Nuevos cambios y eliminaciones  La Ley Federal de Derechos elimina la exención del pago de 3 mil 557 pesos a los extranjeros para realizar actividades remuneradas, así como al residente temporal y al residente temporal estudiante, pero exenta del pago a los extranjeros que soliciten la visa de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas y sean consideradas víctimas, acrediten ser familiares de personas extranjeras desaparecidas en México o por causas humanitarias. Adicionalmente, los mexicanos que deseen obtener un testamento público abierto en una oficina consular en el extranjero pagarán 50 por ciento, equivalente a 3 mil 302 pesos Respecto al espectro radioeléctrico se prevé el cobro de derechos por la expedición, reexpedición o ampliación de los certificados de homologación de productos, equipos, dispositivos o aparatos destinados a telecomunicaciones o radiodifusión, conforme a las siguientes cuotas: tipo A, 812.45 pesos; tipo B, 2 mil 827.87 pesos; tipo C, 3 mil 193.92 pesos, y reexpedición tipo A, B o C, 657.71 pesos. El ordenamiento establece que no se pagarán los derechos respecto del Número Internacional Normalizado del Libro (ISBN) cuando se trate de reproducciones sin fines de lucro y con el objeto de hacerlas accesibles a las personas con discapacidad, así como la reproducción de obras escritas en las lenguas indígenas nacionales, sin fines de lucro y con el objeto de divulgación y preservación de estas. Durante el debate, la diputada de Morena, Elizabeth Ayala Leyva, explicó que, comparada con la Ley Federal de Derechos vigente, la nueva legislación tiene 40 cambios de estos 24 con reformas, 10 adiciones y seis derogaciones a 35 artículos. “Entre los cambios más destacados, la Ley señala que no se pagarán derechos cuando se trate de pueblos y comunidades indígenas y afroamericanas que hagan valer derechos de propiedad colectiva sobre su patrimonio cultural; se actualiza el cobro de derecho por el uso de espectro radioeléctrico, ya que establece como referente para el cobro, la capacidad de transmisión de datos con base en canales telefónicos y las tecnologías de comunicación digital”, puntualizó. En tanto, al fijar el posicionamiento de la fracción parlamentaria del PAN, Patricia Terrazas advirtió que la Ley Federal de Derechos para 2023 encarece insumos esenciales en materia del espectro radioeléctrico, derechos mineros, derechos por conectividad y la operación móvil, entre otros. “En estos ya cuatro años, la mayoría oficialista en esta cámara no analiza, sólo repiten líneas que dicen que no hay nuevos impuestos; el aumento se disfraza de actualización, pues si no fuera así, ¿cómo explicamos que los ingresos derivados de la Ley de Derechos son 21 por ciento de aumento respecto al año anterior y la inflación de nueve por ciento?”, señaló. En su turno a nombre de su grupo parlamentario, el diputado del PRD Marcelino Castañeda acusó al gobierno federal y a la mayoría parlamentaria de Morena de perfilar a México hacia “un terrorismo fiscal para llegar a la dictadura”. “Las modificaciones a la Ley de Derechos tienen como único fin encontrar otras fuentes de ingresos para cumplir los caprichos presidenciales, que son excesivamente caros, y con sólo impuesto y deuda, no se puede cumplir. Nos hubiera gustado ver en la propuesta una ampliación de gratuidad para la entrada a recintos arqueológicos y museos, pero la mayoría tiene la instrucción de cumplir a su jefe y dejar intacto, sin modificaciones, este documento”, remarcó. --

Con información de Heraldo de México