La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este miércoles 12 de noviembre terminar con el cierre gubernamental más largo de la historia, por 222 votos a favor y 209 en contra. Los republicanos votaron en bloque a favor de esta resolución proveniente del Senado, tras 43 días de parálisis presupuestal y con centenares de miles de funcionarios que dejaron de cobrar sus sueldos. El proyecto de ley establece el 30 de enero como nuevo límite de financiación del país, por lo que las actividades gubernamentales podrán ser retomadas. La iniciativa será enviada al presidente Donald Trump, quien debería firmar la ley en breve. Sabían que iban a causar daño, y lo hicieron de todas maneras", acusó el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, en alusión a los demócratas. Seguiremos defendiendo los derechos de los estadunidenses", había clamado poco antes, en el debate previo, el líder de la bancada opositora, Hakeem Jeffries. La aritmética parlamentaria favoreció a los republicanos, que tienen una mayoría muy ajustada en el Congreso, pero que han mostrado mejor disciplina de voto en ambas cámaras. Los demócratas en cambio aparecieron divididos entre un liderazgo que quería mantener el pulso con el gobierno, y ciertos legisladores moderados que optaron por romper filas. Los servicios de investigación del Congreso calculan que el país perdió hasta 14 mil millones de dólares en esta parálisis presupuestaria. Tras el acuerdo. unos 670 mil funcionarios volverán al trabajo con derecho a sueldo a partir del jueves. ¿Qué significa un cierre de gobierno en Estados Unidos y por qué ocurre?

Un cierre de gobierno en Estados Unidos es una crisis administrativa que se detona cuando el Congreso no aprueba —o el presidente no firma— las leyes de gasto necesarias para financiar a las agencias federales. El gobierno funciona con presupuestos anuales que deben renovarse cada octubre. Si los legisladores no logran acuerdos a tiempo, la ley obliga a suspender operaciones consideradas “no esenciales”, lo que provoca que miles de empleados federales dejen de trabajar o continúen sin recibir sueldo mientras dure el desacuerdo. Durante un shutdown se frenan trámites migratorios, investigaciones científicas, inspecciones, programas comunitarios y servicios públicos que dependen de oficinas federales. Las agencias que sí continúan operando —como seguridad nacional o control aéreo— lo hacen bajo la categoría de “esenciales”, pero incluso ese personal suele trabajar sin pago inmediato. Para millones de personas, el cierre se siente en retrasos, suspensión de apoyos y parálisis administrativa. Un shutdown prolongado también tiene costos económicos. La Oficina de Presupuesto del Congreso ha documentado pérdidas multimillonarias en productividad pública, retrasos en contratos, impacto en turismo, en aeropuertos y en comunidades que dependen de la actividad federal. Aunque esos daños rara vez son permanentes, sí deterioran la confianza y colocan al gobierno en una posición vulnerable ante adversarios políticos y mercados.

Con información de Excélsior