Hay mucha euforia en el flanco oficialista y mucha crispación en el de las oposiciones. No es para menos. El obradorismo está, como diría un clásico veracruzano, “en la plenitud del pinche poder”; sus opositores, en cambio, están al borde de la irrelevancia. Este no es sólo un periodo de transición entre el gobierno saliente y el entrante; es, además, un momento de cambio de régimen. Si las reformas se consuman (y todo indica que se consumarán en cuanto empiece la nueva legislatura, en septiembre), México se asentará definitivamente en la zona gris de los que la Ciencia Política denomina “regímenes híbridos”, es decir, que combinan atributos democráticos y autoritarios. Será democrático en tanto que su gobierno esté legitimado por el voto mayoritario (como, sin duda, lo está); será autoritario en la medida que ese gobierno altere la equidad en la competencia (como ya lo hizo); capture o debilite a sus contrapesos, elimine órganos reguladores o de control (como está a punto de hacerlo) e implemente todo tipo de reformas que favorezcan su permanencia en el poder (como muy probablemente lo hará). Respaldada por su mayoría electoral, la coalición obradorista está no sólo cambiando las reglas del juego, sino cambiando de juego. Gobierno de la mayoría es democracia, sí; pero poder sin límites es autoritarismo. Y lo constitutivo de un régimen híbrido, insisto, es que combina ambos aspectos: es democrático por el modo en que se accede al poder (aunque la falta de equidad en la contienda y la captura de las autoridades electorales pongan en entredicho la integridad de las elecciones) y es autoritario por la manera en que se ejerce el poder (aunque subsistan formalmente los derechos, la separación de poderes o el federalismo, esas distinciones dejan de hacer diferencia en términos sustantivos). Con todo, hay otra dimensión adicional del proceso en marcha que se refiere ya no sólo al tipo de régimen (i.e., democrático, híbrido o autoritario) sino a la naturaleza de la república que hay en México. Por un lado, el obradorismo despliega una retórica que da la impresión de ser profundamente estatista, en la que ocupan un lugar central el nacionalismo, la soberanía, la autoridad y el bienestar públicos. Pero, por el otro lado, el obradorismo ha impulsado una agenda cuyo efecto es la estigmatización y el desmantelamiento del Estado, donde el imperativo de la austeridad selectiva, el pretexto de la corrupción como arma arrojadiza, el alegato de que la burocracia es un “elefante reumático” o la falacia de que importa más la justicia que la ley (es una falacia porque puede haber ley sin justicia, pero no puede haber justicia sin ley) terminan relativizando el valor de la legalidad frente a la autoridad moral del presidente. México se está transformando, en suma, no sólo en un régimen híbrido sino en una república en la que impera cada vez menos el ideal impersonal del Estado de Derecho y cada vez más el culto a la personalidad de un amado líder que pronto saldrá de la presidencia, pero difícilmente soltará el poder. POR CARLOS BRAVO REGIDOR

COLABORADOR

@CARLOSBRAVOREG