A partir del inicio de la pandemia a la fecha, los ajustes son más drásticos, representan un riesgo en productividad y rotación en las organizaciones Con el análisis de datos e información de candidatos a ocupar un puesto de trabajo, que en los últimos 10 años ha realizado Intelab, que comanda Fernanda Zenizo, se han observado ajustes muy pequeños en el impacto de la conducta y comportamiento de los colaboradores de diversas industrias, pero a partir del inicio de la reciente pandemia a la fecha los cambios han sido más drásticos, los cuales representan un riesgo en términos de integridad, productividad y rotación en las organizaciones. Entre diversas conductas identificadas en el estudio COVID-19: impacto en el comportamiento de los colaboradores, de Intelab, aplicado a más de 160 mil trabajadores, el de razonar que “el fin justifica los medios” es la que más se ha incrementado durante los dos años de pandemia, ya que estuvo presente en 65 por ciento de personas evaluadas hasta 2019, 69 por ciento en 2020 y durante el año pasado ya alcanzó 74 por ciento. La relevancia de esta conducta radica en que las personas que lo presentan pueden tomar malas decisiones por las razones correctas o cometer fraude o ilícito, justificando estas acciones como un “acto de justicia” ante la falta de reconocimiento a su esfuerzo o años de servicio dentro de la organización y que implican riesgos de ciberseguridad, fraude laboral, baja productividad y rotación. Según Zenizo, aunque el panorama general después de dos años de COVID-19 ha mejorado, aún persisten dificultades por enfrentar problemas por resolver, por lo que es fundamental que la toma de decisiones tanto en cuestiones de selección como de gestión del capital humano tome más relevancia en las organizaciones en beneficio de colaboradores y modelos de negocio. DAÑOS COLATERALES Resulta que en Baja California Sur el Congreso tiene en sus manos la iniciativa de Ley de Manejo Integral de Residuos Sólidos. Dicha ley afectaría a toda la cadena del reciclaje, que va desde los acopiadores y recicladores de plásticos hasta los dueños de los pequeños negocios como las llamadas “tienditas”, ya que esta ley, entre otras cosas, exige un sin número de medidas que se deben aplicar para el manejo de los residuos sólidos, las cuales tendrían que implementar y pagar los dueños, afectando así sus ingresos, que de por sí se han visto reducidos debido a la situación económica del país. Por otro lado, las familias que dependen del acopio y reciclaje de estos residuos para obtener ingresos y comprar por lo menos la canasta básica, también se verían afectadas, pasando quizá de pobreza a pobreza extrema, ya que con la iniciativa los quieren sancionar. Ojalá que el buen juicio del gobernador Víctor Manuel Castro Cosío permita detener las ganas excesivas de legislar y se revise a detalle, pues lo que se requiere es más prosperidad en el estado y no más pobres. POR JAIME NÚÑEZ

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