Imelda Elizalde Martínez, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) manifestó preocupación ante el incremento del 13 por ciento al salario mínimo anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum, medida que elevará el ingreso diario a 315.04 pesos a partir del 1 de enero de 2026 y aunque el ajuste ha sido presentado como un avance social, en el sector industrial local consideran que la actualización representa un reto considerable para la estabilidad financiera de pequeñas y medianas empresas. La líder empresarial recordó que desde meses atrás se habían puesto sobre la mesa alternativas para mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores sin recurrir a incrementos tan altos, siendo una de ellas el fortalecer el esquema de prestaciones, siempre y cuando existiera un tratamiento fiscal que permitiera su deducibilidad y facilitara su aplicación por parte de los empleadores. La dirigente subrayó que el sector industrial reconoce la importancia de dignificar las condiciones laborales y que un trabajador satisfecho suele traducirse en mejores niveles de productividad, pero, no obstante, advirtió que el 2025 fue un año especialmente complicado para muchas empresas, que enfrentaron aumentos en insumos y costos operativos sin frenar la producción ni recurrir a recortes de personal, por lo que en ese contexto, el ajuste salarial llega en un momento delicado. Elizalde Martínez insistió en que la intención empresarial no es frenar el avance social, sino evitar que decisiones aceleradas generen impactos no previstos, particularmente en compañías pequeñas que ya operan con márgenes reducidos y agregó que Canacintra continuará impulsando propuestas enfocadas en incentivos fiscales y esquemas de apoyo que permitan equilibrar los compromisos patronales con la viabilidad financiera de los negocios. Finalmente, la representante industrial reiteró que la discusión sobre la política salarial debe incluir mecanismos complementarios que fortalezcan la competitividad y eviten trasladar los nuevos costos directamente al consumidor y subrayó que el diálogo entre gobierno y sector productivo será clave en los próximos meses para evitar que el alza salarial derive en efectos adversos para el empleo formal y el desarrollo económico del estado.