La industria de juegos y sorteos en México se encamina a 2026 con un contraste difícil de ignorar. Por un lado, la expectativa de la Copa Mundial de la FIFA, con más de 5.5 millones de visitantes y una derrama estimada de hasta tres mil millones de dólares, abre una ventana inédita para el turismo de entretenimiento en ciudades como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Por el otro, el sector llega a ese momento con un marco regulatorio que data de 1947 y que hoy administra la Secretaría de Gobernación (Segob), sin haber resuelto de fondo cómo convivir con el crecimiento del juego digital y las apuestas deportivas. El problema no es menor. La industria aporta cerca de 0.5 por ciento del PIB y sostiene alrededor de 200 mil familias entre empleos directos e indirectos, pero opera en un entorno fiscal estrecho. El aumento del IEPS de 30 por ciento a 50 por ciento para juegos y sorteos, incluido el segmento en línea, envía una señal dura a los operadores formales, cuando más de 60 por ciento de las apuestas digitales siguen fuera de un marco regulado. En los hechos, la carga fiscal recae sobre quienes cumplen, mientras el mercado informal crece sin supervisión ni contribución al erario. A este desbalance se suma un factor: la asimetría competitiva frente a otros destinos turísticos. Países que compiten con México por visitantes internacionales han avanzado hacia esquemas regulatorios integrales que ordenan el juego físico y digital, fortalecen la fiscalización y ofrecen certidumbre a inversionistas. Aquí, en cambio, la ausencia de reglas claras inhibe inversiones justo en plazas donde la demanda potencial crecerá de forma abrupta durante el Mundial. Tampoco es un tema menor en términos de control y seguridad. Un sector fragmentado y con alta informalidad dificulta la trazabilidad de operaciones, la protección al consumidor y la prevención de prácticas ilícitas. Regular con visión moderna no implica promover el juego, sino establecer límites claros, supervisión efectiva y responsabilidades definidas. Desde hace años, la industria, a través de la AIEJA, que encabeza Miguel Ángel Ochoa Sánchez, insiste en que el debate no es moral ni recaudatorio, sino estructural: una ley que integre juego presencial y digital, que dé certeza jurídica y permita capturar el valor económico de eventos como el Mundial. El riesgo es claro: México puede recibir millones de visitantes y dejar pasar una oportunidad histórica por falta de reglas actualizadas. En el juego, como en la política pública, llegar tarde casi siempre sale caro. ORO NEGRO

303.22 billones de barriles son las reservas de crudo que registra Venezuela, las más grandes del mundo por encima de Arabia Saudita e Irán. POR JAIME NÚÑEZ COLABORADOR