La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) emitió la Recomendación 13/2026 dirigida a la Fiscalía del Estado, al acreditar violaciones a los derechos humanos derivadas de la actuación deficiente de una agente del Ministerio Público que no atendió con la debida diligencia una denuncia por violencia presentada días antes de que la víctima fuera asesinada. De acuerdo con la resolución, la CEDHJ determinó que la Fiscalía vulneró el derecho de acceso a la justicia, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en su modalidad de violencia institucional, así como los principios de legalidad y seguridad jurídica relacionados con el adecuado cumplimiento de la función pública. El caso se originó el 17 de septiembre de 2024, cuando una mujer y su hermana acudieron a la Agencia del Ministerio Público de Tamazula de Gordiano para denunciar las agresiones ejercidas por la entonces pareja de la víctima y solicitar medidas de protección, al considerar que existía un riesgo real para su vida. Sin embargo, la denuncia no fue atendida con la urgencia requerida y, apenas tres días después, la mujer fue víctima de feminicidio. Durante la investigación, la defensoría realizó entrevistas, inspecciones en las instalaciones ministeriales y de seguridad pública, revisó videograbaciones, registros institucionales y documentación del caso, además de analizar el informe de la servidora pública señalada como responsable. Con base en las pruebas recabadas, la CEDHJ concluyó que la autoridad ministerial no valoró adecuadamente el contexto de riesgo ni aplicó el estándar de debida diligencia reforzada que obliga a las instituciones a actuar de manera inmediata cuando una mujer denuncia violencia que pone en peligro su integridad o su vida.

El organismo consideró que las omisiones impidieron activar medidas de protección oportunas y brindar una respuesta integral con perspectiva de género, constituyendo un caso de violencia institucional que derivó en la vulneración de los derechos de la víctima. En la Recomendación, la Comisión solicitó a la Fiscalía gestionar la inscripción de las víctimas directa e indirectas en el Registro Estatal de Víctimas para garantizar la reparación integral del daño, proporcionar atención psicológica y tanatológica gratuita a los familiares, dar seguimiento puntual al proceso penal e integrar todas las pruebas necesarias para fortalecer la investigación con perspectiva de género. Asimismo, pidió incorporar la Recomendación al expediente laboral de la agente del Ministerio Público involucrada, dar vista al Órgano Interno de Control para determinar las responsabilidades administrativas correspondientes y capacitar al personal ministerial de Tamazula de Gordiano en derechos humanos, debida diligencia reforzada y atención a mujeres víctimas de violencia. La CEDHJ informó además que la servidora pública responsable fue inscrita en la Plataforma Estatal de Servidores Públicos con Violaciones a Derechos Humanos, como antecedente de las conductas acreditadas en esta resolución.

Finalmente, el organismo defensor subrayó que las instituciones encargadas de procurar justicia deben responder con oportunidad, sensibilidad y perspectiva de género, privilegiando la prevención y la protección de las mujeres cuando existan indicios de violencia que puedan poner en riesgo su vida.