El desenlace de la elección presidencial reciente en Chile no responde a un viraje ideológico ni representa una grave advertencia para América Latina. La cobertura internacional ha querido catalogarlo como otro episodio de un aparente patrón regional -rechazo a la izquierda, preferencia por la derecha-, pero esa lectura peca de superficialidad e, incluso, de cierto sensacionalismo. Quizá funciona como encabezado; como análisis, no explica prácticamente nada.

A la luz de la experiencia chilena, esta votación no es un episodio aislado ni un síntoma exportable. Es el saldo de un ciclo político que comenzó en 2019, cuando el estallido social puso en entredicho el orden institucional vigente y activó una expectativa de transformación profunda. Esa esperanza reordenó lenguajes, prioridades y horizontes de lo posible, instalando en el núcleo del debate público la aspiración a un nuevo comienzo. El proyecto constituyente canalizó esa energía, pero también la tradujo en un proceso prolongado, exigente y complejo. Tras dos plebiscitos fallidos para reemplazar la Constitución de 1980, heredada de la dictadura, la oferta de cambio dejó de funcionar como motor político y comenzó a percibirse como una apuesta interminable y costosa.

Semejante desgaste no produjo un realineamiento estructural del electorado chileno, sino algo más prosaico y predecible: fatiga y voto de castigo. Cuando un experimento político se prolonga sin visos de estar construyendo algo no sólo novedoso sino eficaz, la incertidumbre y el desencanto le pasan factura. Así, frente a una agenda de reformas ambiciosas pero inconclusas, fueron ganando peso preocupaciones más mundanas: seguridad pública, migración, crecimiento económico, capacidad de gobierno. La instauración del voto obligatorio en 2022 amplificó esa tendencia al incorporar a un electorado menos comprometido con la épica de la gesta histórica y más atento a la gestión de los problemas cotidianos.

El clivaje es menos ideológico que político: entre quienes persistieron en una lógica refundacional de alcances inciertos y quienes privilegiaron la restauración de la estabilidad. Una mayoría dejó de creer en la promesa maximalista y optó por clausurar la secuencia abierta en 2019, respaldando a la principal candidatura de oposición como vehículo para efectuar ese cierre. El veredicto de las urnas no expresa una hegemonía política consolidada, sino una convergencia frágil de votos propios, apoyos prestados y adhesiones circunstanciales, unidos menos por un programa común que por la voluntad de dar por concluida una etapa.

El oficialismo perdió capacidad de movilizar expectativas y producir acuerdos; la oposición supo representar mejor el ánimo predominante del electorado. Dice Adam Przeworski que la democracia es un régimen en el que los partidos (en el gobierno, se entiende) pierden elecciones. Y entonces reconocen su derrota y entregan el poder. Lo de Chile, en ese sentido, no es una alarma regional, es un síntoma de madurez democrática.

POR CARLOS BRAVO REGIDOR

COLABORADOR

@carlosbravoreg