La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación por la aprobación de una serie de modificaciones normativas que someten a la Guardia Nacional al control operativo y administrativo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), aprobadas esta madrugada por el Senado de la República.

Ante este hecho, la CIDH urgió en un comunicado al Estado mexicano a reconsiderar estas modificaciones en cumplimiento de sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos frente a la militarización de la seguridad ciudadana. El organismo recordó que ha venido dando seguimiento a la Guardia Nacional desde su creación y a las modificaciones normativas para que pase al control operativo y administrativo de la Sedena, donde apuntó que la reforma aprobada este 9 de septiembre, el titular de la Sedena tenga a su cargo la capacitación permanente en el uso de la fuerza de todo el personal, la cadena de custodia y en el respeto a los derechos humanos. Además, buscaría expresamente “facilitar” la colaboración en materia de seguridad ciudadana entre la Guardia Nacional y la Fuerza Armada permanente y establecer la equivalencia jerárquica, formación táctica y política de ascensos entre estas. El proyecto aprobado dispone además que el personal militar que participe de las labores de la Guardia Nacional continue sujeto al fuero militar, en el caso de cometer infracciones contra la disciplina castrense. La CIDH apuntó que este paquete de modificaciones aprobadas mantiene la tendencia observada frente al preocupante fenómeno de la militarización de la seguridad ciudadana en México. “Dicha tendencia ha sido advertida por la Comisión también frente a la aprobación de normativa que disponía que las fuerzas armadas asumirían, por un periodo de cinco años, la obligación de llevar a cabo las acciones necesarias para coadyuvar con las autoridades civiles, quienes son responsables en materia de seguridad pública. La norma aprobada no solo mantiene este objeto, sino que espera “facilitar” este intercambio de funciones de modo institucionalizado, sin un horizonte temporal claro. El Estado indicó que el plazo de cinco años no ha sido objeto de modificaciones”, se lee en el comunicado. Resaltó que, desde su visita in loco realizada en 2015, la CIDH analizó la militarización de las tareas de la seguridad pública, su función en el recrudecimiento de la violencia y su relación con los altos niveles de impunidad respecto de las graves violaciones a los derechos humanos. Tras su visita, explicó que recomendó a México desarrollar un plan para el retiro gradual de las fuerzas armadas de las tareas de seguridad pública, fortalecer a las fuerzas policiales, adoptar una ley sobre uso de la fuerza y un mecanismo de rendición de cuentas ante el uso de la fuerza letal. “Por el contrario, según la información recibida por la Comisión, los cuerpos policiales se han debilitado tanto a nivel municipal como estatal”, refirió. La CIDH reconoció el reto que enfrenta México frente a la “grave situación de violencia que afecta al país desde hace varios años”, donde hay aproximadamente 100 mil personas desaparecidas, 15 mil 400 homicidios dolosos en lo que va del primer semestre, 15 personas periodistas asesinadas durante el 2022 y el reporte de más de 500 posibles feminicidios en lo que va del año, según información pública. “En este sentido, preocupa que la justificación para estas modificaciones enfatiza centralmente que solo una estructura como la de la Sedena, con su despliegue territorial, estructura operacional y disciplina militar se encuentra en capacidad de afrontar el contexto de violencia”, apuntó. “Tal fundamentación resulta insuficiente por sí misma frente a los riesgos que la militarización acarrea para el respeto y garantía de los derechos humanos bajo una perspectiva integral de seguridad humana, incluso si la formulación de la estrategia de seguridad pública se mantuviera en manos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana“, dijo. --

Con información de López-Dóriga Digital