La cifra de muertos en custodia de las autoridades de seguridad de El Salvador, en el marco del régimen de excepción vigente desde marzo de 2022 para combatir a las pandillas, superó las 301 y la mayoría se habrían dado de forma violenta, según dijo Ingrid Escobar, directora de la organización civil Socorro Jurídico Humanitario (SJH).

“En 28 meses del régimen de excepción hemos constatado la muerte de al menos 301 personas en centros penales de El Salvador”, sostuvo Escobar.

El Gobierno atribuye a este régimen, que suspende derechos como la defensa de los detenidos y la inviolabilidad de las comunicaciones, gran parte de la disminución de la violencia.

Escobar explicó que de esta cifra, únicamente una persona falleció en la megacárcel Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) y el resto en prisiones como Izalco, La Esperanza, Apanteos, Zacatecoluca, Quezaltepeque y calabozos de la Policía Nacional Civil.

Destacó que el 48 por ciento de estas muertes “han sido por torturas, muertes violentas” y el 33 por ciento por negación de tratamiento médico.

La directora de SJH apuntó que son más de 500 las denuncias de muertes de personas detenidas en centros penales las que ha recibido la organización no gubernamental que lidera, pero únicamente han logrado confirmar 301.

Cuando organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos dieron a conocer las primeras muertes en cárceles, el fiscal general, Rodolfo Delgado, dijo a mediados de 2023 que se archivaron 142 casos, porque “no constituyen delito”.

El régimen de excepción, que suspende garantías constitucionales, fue aprobado en marzo de 2022 por el Congreso tras una escalada de homicidios que se cobró la vida de más de 80 personas en tres días, y se ha ampliado en 26 ocasiones por periodos de 30 días a petición del Gobierno.

De acuerdo con los datos oficiales, en este contexto suman más de 80 mil las detenciones, de las que más de 7 mil personas habrían salido en libertad condicional.

Las organizaciones humanitarias han recibido más 6.000 denuncias de atropellos a derechos humanos en este contexto, principalmente por detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones de corta de duración.

Amnistía Internacional (AI) advirtió a inicios de diciembre de 2023 que la “violencia ejercida por el Estado salvadoreño”, en el marco de un régimen de excepción, “reemplaza gradualmente” a la de las pandillas en las comunidades empobrecidas.

Esta medida, que logró acentuar la disminución de los homicidios comenzada en 2016 por anteriores administraciones, goza de amplia popularidad y fue la principal bandera de Nayib Bukele para conseguir su reelección inmediata, a pesar de que lo prohíbe la Constitución.

Con información de López Dóriga Digital