La Comisión Nacional de Derechos Humanos afirmó que la fiscalía de Jalisco y el Instituto de Ciencias Forenses (IJCF) cometieron omisiones sistemáticas y graves durante la investigación del rancho Izaguirre, en Teuchitlán, donde en marzo de 2025 fue hallado un centro de entrenamiento de un grupo criminal con miles de prendas de ropa de personas desaparecidas.

Según la recomendación 11/2026, ambas instituciones estatales vulneraron los derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica, así como al acceso a la justicia atribuibles a servidores públicos.

La CNDH señaló que, tras la detención de 10 sujetos en el predio en septiembre de 2024, se instruyó a las autoridades estatales a identificar, documentar, levantar, sellar, etiquetar y trasladar de forma correcta cualquier indicio que se hallara en el predio.

En la primera acción fue hallado un cuerpo, indicios de balística, siete vehículos y armas de fuego; sin embargo, posteriormente se pidió al ICJF llevar a cabo una búsqueda y exploración para encontrar o descartar posibles sitios de inhumación de casos relacionados con personas desaparecidas.

Como resultado, se halló un lote óseo y varios objetos que no fueron asegurados, calificados, ni registrados en el dictamen correspondiente; además algunas evidencias no fueron mencionadas ni sometidas a procesamientos periciales. Estos no llevaron el procesamiento técnico requerido.

De acuerdo con la CNDH, un documento fechado al 18 de septiembre de 2024 instruía que, en caso de encontrar indicios, era necesario realizar registros de inspecciones, aseguramientos y cadena de custodia, pero esto no se hizo con varias prendas.

Por su parte, los vehículos asegurados en septiembre de 2024 no fueron sometidos a un procesamiento técnico integral, exhaustivo y detallado; tres contaban con reporte de robo del 25 de noviembre de ese año.

"De ello se deduce que la Fiscalía de Jalisco incumplió su obligación de asegurar el inmueble, ya que este estaba directamente relacionado con los hechos delictivos que se investigaban en una carpeta de investigación", dice la CNDH.

Asimismo, el 4 de febrero de 2025, un mes antes de que las buscadoras revelaran lo que había en el "Rancho Izaguirre", un servidor público de la fiscalía fue notificado por la policía de investigación que el predio no estaba debidamente asegurado y que al ingresar halló posibles evidencias e indicios.

También, acusó que el IJCF realizó la comparación de muestras bilógicas con la base de datos de familiares desaparecidas se hizo hasta marzo de 2025, cuando el estudio se pudo haber realizado en septiembre de 2024.

Igualmente señaló que el ingreso de madres buscadoras y medios al predio representó una omisión al hacerse en un lugar que estaba en proceso de intervención pericial.

En ese sentido, solicitó a la fiscalía y al IJCF a hacer un plazo de reconocimiento de responsabilidad y una disculpa pública en un plazo de seis meses; elaborar o actualizar un protocolo de actuación para la preservación de los lugares intervenidos y el manejo de la cadena de custodia.

Vulneraron el derecho de las víctimas, acusan buscadoras

El colectivo Guerreros Buscadores De Jalisco reconoció la recomendación de la CNDH y señaló que durante casi un año han acusado las omisiones por parte de las autoridades respecto al caso.

"Estas fallas vulneraron el derecho de las víctimas y de sus familias a la verdad y a la justicia", afirmaron.

Asimismo, pidieron no minimizar lo hallado en el "Rancho Izaguirre" y recordaron que durante las diligencias llegaron a ver múltiples restos humanos calcinados y las investigaciones federales reconocen la existencia de crematorios, lo que confirma la destrucción de cuerpos.

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Con información de Latinus