Las y los diputados nayaritas aprobaron por unanimidad la reforma al Código Penal para que funcionarios que corrompan su servicio público, hagan mal uso de los recursos sean detenidos y privados de su libertad.

La reforma al artículo 247 del Código Penal para el estado de Nayarit, presentada por la presidenta del Poder Legislativo, diputada Alba Cristal Espinoza Peña, busca dignificar el cargo de los funcionarios públicos y erradicar la corrupción. Las sanciones aplicables a quienes cometan el delito de cohecho ya sea legisladores, magistrados, presidentes municipales, síndicos, regidores, funcionarios de organismos públicos descentralizados o secretarios de estado, tendrán un castigo de uno hasta 9 años de prisión, multas por más de 60 mil pesos, la destitución e inhabilitación de hasta 7 años para desempeñar un cargo público. La corrupción en el servicio público ha generado desconfianza entre las y los nayaritas, daño económico en las administraciones e inestabilidad social; por lo que la modificación al Código Penal, busca eliminar las conductas de corrupción, proteger y evitar prácticas que vulneren los principios de honestidad, rectitud, independencia, prontitud y lealtad.

La presidenta del Poder Legislativo, diputada Alba Cristal Espinoza Peña, hizo hincapié en que la reforma también busca enaltecer los valores en el servicio público, “el delito de cohecho, es un acto ruin que demuestra la falta de valores, así como el desinterés por el desarrollo máximo de nuestro estado, sólo por recibir un beneficio o favor vendemos el servicio público, vendemos nuestro estado; no más actos de corrupción, basta de sacar provecho de los cargos públicos, no más, el pueblo nos eligió para respetar el ejercicio de la función pública”. En el desarrollo de esta Sesión Pública Ordinaria, el diputado Héctor Javier Santana García, hizo uso de la tribuna para solicitar un minuto de silencio por la muerte de dos niñas de Bahía de Banderas, una de 11 años de edad y otra de 14, hermanas, Verónica María y Amelia Victoria, a quienes les quitaron la vida de una manera brutal, “seguimos pues con los feminicidios; a ellas las raptaron y al día siguiente aparecen en una playa mutiladas, debemos tomar acciones para bajar los índices de este delito y dar tranquilidad a las familias y mujeres”. En su oportunidad la diputada Selene Lorena Cárdenas propuso que en el acuerdo aprobado el pasado 21 de septiembre en materia de discapacidad, que además del exhorto a Gobierno del Estado y Ayuntamientos, se considere la contratación de personas con discapacidad en el Poder Judicial y en esta Soberanía Popular.